Un día después del fatídico choque que dejó nueve muertos en la Carretera de la Fruta donde un camión y un minibús que transportaba temporeros chocaron a la altura de Peumo, en la Región de O'Higgins, el alcalde Carlos Aliaga denunció que el proyecto para construir una ruta alternativa se encuentra frenado por "intereses particulares".
"Se viene trabajando en un proyecto, en una ruta alternativa por la orilla del río que sale del sector donde vive la gente, de los sectores poblados", aseguró Aliaga.
"Pero lamentablemente los intereses particulares tienen detenido ese proyecto, no se ha podido ejecutar como corresponde, los intereses particulares están primando por sobre una pronta solución a esta carretera", deploró.
Desde el Ministerio de Obras Públicas, el el subsecretario y ministro subrogante, Cristobal Leturia, aseguró que el proyecto está en licitación y en la etapa de evaluación ambiental.
"Es un proceso que lleva un tiempo, ya está concesionada hace un par de años y está todo su proceso de ingeniería y tramitación ambiental, es un proceso que tarda muchos años. Estará en cerca de cuatro años más", sostuvo.
AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN
Sobre los avances en la investigación, el fiscal jefe de San Vicente, Claudio Riobó, detalló que se constató la existencia de "una empresa de responsabilidad limitada, que es de propiedad del conductor del furgón que falleció; a su vez, esta empresa de responsabilidad limitada le prestaba servicios al fundo Montecinos".
En detalle, según los antecedentes recabados, el vehículo estaba inscrito como furgón escolar desde 1998 y, según la ley, ya debía estar fuera de circulación. Su chofer, identificado como Raúl Acuña, uno de los fallecidos, no poseía licencia profesional y a la vez era el titular de la empresa de transportes.
Él es hasta el momento la única víctima que ha sido identificada. Las restantes, trabajadores temporeros que se dirigían al mencionado predio en la comuna de San Fernando, no tenían a mano sus documentos de identidad al momento del accidente; además, eran de nacionalidad boliviana y no había registros de sus huellas dactilares en Chile.
Ante esto, Carla Hidalgo, directora del Servicio Médico Legal de O'Higgins, señaló que "se está solicitando que si hay algún familiar, algún conocido, alguien que pueda venir a identificarlos, se agradecería mucho, toda vez que si no tenemos identificación no podemos hacer entrega. Mientras no haya familiares o persona autorizada por el Ministerio Público para el retiro de estos fallecidos, van a seguir en custodia nuestra".
Mientras que Cintia Mamani, cuñada de uno de los fallecidos, acusó problemas para identificar a las víctimas. "Yo vine acá por mi propia cuenta para reconocer a mi cuñado. Ellos cambian los nombres de las personas ilegales para llegar a trabajar. No estaba el nombre de mi cuñado en la lista de los muertos, pero vengo acá a reconocer su cara, su cuerpo, para decirle la noticia a mi hermana... Hay empresas o fundos que no reciben ilegales, entonces ellos los hacen pasar por otro RUT o le sacan RUT provisorio para entrar a trabajar", denunció.
LLAMADO DE ATENCIÓN DEL MINISTERIO
Durante este año 2021 el Ministerio de Transportes hizo cerca de mil fiscalizaciones en el país al traslado de trabajadores agrícolas, y un tercio terminó en multas por irregularidades como las detectadas en este caso.
En ese marco, la jefa de fiscalización de la cartera, Paula Flores, explicó que existen "vehículos que exceden la antigüedad, conductores que no cumplen con tener la licencia profesional; revisión técnica vencida, así que el llamado es en términos generales a todos estos empleadores".
"Acá la responsabilidad es muy importante para ellos... Ellos son los que deben contratar el transporte para sus trabajadores. Transporte que debe cumplir con la normativa; no queremos que se repita lo que pasó el día de ayer donde nueve personas lamentablemente perdieron la vida en este accidente de tránsito", agregó.
