La víctima fue aprehendida por infringir el artículo 318 del Código Penal.
El hecho ocurrió en julio pasado, situación que terminó con una investigación penal por parte de la Fiscalía en contra de los carabineros y persecutores involucrados en el hecho.
La Corte de Apelaciones de Rancagua sobreseyó a la mujer que fue detenida tras denunciar una violación durante el toque de queda en Pichilemu, en julio pasado.
En fallo unánime, la segunda sala del tribunal de alzada revocó lo dictado el 10 de julio pasado por el tribunal de la ciudad, quien pasó a control de detención a la afectada.
"Que es un hecho no discutido, según lo expresado por los intervinientes en estrados, especialmente por el abogado del Ministerio Público, que la inculpada fue detenida en la vía pública, junto a la puerta de su vecina, inmediatamente después de indicar haber sido violentada y con muestras en sus ropas de manchas de barro y lesiones en su cuerpo, pidiendo ayuda, de lo que es posible concluir que no se advierte en la voluntad de la investigada intención alguna de infringir lo dispuesto en el artículo 318 del Código Penal", señala el fallo.
El documento agrega que "no siendo discutido que la intención de la inculpada fue pedir auxilio por el daño sufrido y denunciarlo, la persecución inicial de los funcionarios policiales por el delito pesquisado y, el no acoger luego, la petición de sobreseimiento definitivo, representa una forma de violencia innecesaria en contra de ella y constituye una limitación al igual acceso a la protección de la ley, que aseguran tanto la legislación nacional como los tratados internacionales incorporados a nuestra legislación interna".
El defensor regional público de O'Higgins, Claudio Aspe, indicó que "se ha tenido presente lo dispuesto en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, dejando claramente establecido que la situación vivida por ella, constituyó una situación de violencia innecesaria en su contra y además una limitación al acceso de ella a la protección de la ley".
Tras el hecho y el pasado 10 de julio, el Ministerio Público inició una investigación penal y administrativa contra los carabineros y persecutores involucrados en el caso.
