Los tres imputados por la trágica muerte de Catalina Torres (21), trabajadora del Parque Safari de Rancagua que fue atacada por un tigre en 2021, no admitieron su responsabilidad en este caso, por el cual el Ministerio Público los acusa de cuasidelito de homicidio.
Durante una audiencia previa al comienzo del juicio, el dueño del recinto, Iván Sánchez; su hijo Pablo Sánchez, en calidad de gerente de operaciones, y la veterinaria Valeria Olmo fueron consultados al respecto por el juez Gonzalo Celedón, quienes negaron su participación uno por uno.
Los tres fueron formalizados -en septiembre de 2023- por su presunta negligencia en la muerte de Torres, cuyos superiores le ordenaron realizar labores de limpieza en la fatídica jornada de agosto de 2021, a pesar de que ella trabajaba como guía turística en el mentado establecimiento, y sin indicar que el tigre se encontraba suelto.
En la cita de ayer jueves, la Fiscalía incluso ofreció rebajar su expectativa de penas para que el caso concluyera en esa oportunidad, pero finalmente se optó por continuar con un juicio simplificado, cuya audiencia de preparación fue programada para el 3 de septiembre.
A la salida del Tribunal de Garantía de Rancagua, Sara Ibarra, madre de la víctima, afirmó que "esperaba que ellos aceptaran su responsabilidad, su negligencia, pero no fue así (...) aquí no se murió un perro, se murió mi hija, entonces me duele que una vida no valga nada como para que la hubiesen rescatado o auxiliado".
"Yo sé que las penas (que arriesgan) son bajísimas, no es justo para una muerte", añadió la afectada, pero de todos modos recalcó que "voy a demostrar que mi hija no fue la negligente, ellos tuvieron responsabilidad".
QUERELLANTE: "LA LEY NOS AMPARA"
En efecto, el Ministerio Público solicita 540 días de reclusión menor en su grado mínimo para los tres imputados del caso, mas el abogado de la familia, Jaime Gatica, se mostró confiado por la calidad de la prueba en contra de los acusados.
"La Fiscalía y la parte querellante vamos a tener que probar por qué se está diciendo que fueron culpables. Para eso tenemos toda la evidencia de la PDI, y los informes de peritos que hicieron la reconstitución de los hechos. La ley nos ampara, porque establece que hay una obligación de seguridad de parte de las empresas, del empleador, para proteger la vida y la salud de sus trabajadores", detalló el jurista.
En cuanto al carácter simplificado del juicio, Gatica precisó que "estamos hablando de negligencias, y la ley asigna una pena inferior a una pena aflictiva, por lo tanto, es la ley la que dispone este tipo de procedimientos para estos hechos".
