Más de 2.500 familias se estima que han llegado en los últimos tres años a habitar el farellón costero de Alto Hospicio, una zona catalogada como "riesgosa" debido a flujos naturales de agua que podrían correr por la zona ante la caída de lluvia o la llegada de un aluvión. Pero la presión migratoria y la falta de soluciones habitacionales en Tarapacá empujaron a la formación de una "nueva ciudad": la toma del Paso La Mula.
Se trata de una ocupación irregular de un terreno superior a 100 hectáreas, ubicado en el extremo sur de Alto Hospicio, que creció exponencialmente a raíz de la pandemia y donde, según indican las autoridades, bandas del crimen organizado no solo acopian autos robados y droga, sino que también lotean terrenos para luego comercializarlos a través de redes sociales como Facebook, abriendo espacios para la construcción de segundas viviendas, locales comerciales, barberías, ferreterías, canchas de fútbol, y hasta un paradero exclusivo para vehículos de aplicaciones como Uber o Indrive.
Patricio Ferreira, alcalde de Alto Hospicio, explicó en exclusiva a Cooperativa Regiones que dicho lugar está identificado en el plano regulador de la comuna como una zona de riesgo, debido a que allí existen cursos naturales de agua que se pueden reactivar ante eventuales precipitaciones.
Sin embargo, sostiene que la gente hizo caso omiso a estas indicaciones y comenzó a construir viviendas. Por razones humanitarias, el municipio entrega agua potable con camiones aljibes y retira la basura, pero en el abastecimiento de energía "están todos colgados".
"Nosotros estimamos que hay a lo menos 2.000 familias, a 2.500 familias más o menos, que están viviendo en el Paso La Mula y que, efectivamente, hoy día han hecho una ciudadela. La gente vive en esas condiciones, mucha gente. Y lo peor de todo es que -en algún minuto esto lo dijo el fiscal regional- estaría ahí una célula del Tren de Aragua instalada en ese sector, que es finalmente lo más complejo que nos ha tocado vivir desde el punto de vista de la seguridad pública", dijo Ferreira.
Mapa del perímetro ocupado ilegalmente.
El jefe comunal detalló que "ahí dentro hay de todo. Hay canchas de fútbol, hay negocios, hay hasta un paradero de Uber. Cosas que son bien complejas, pero como están en condición de toma que son totalmente irregulares es muy difícil también para nosotros poder fiscalizar. Particularmente por el tema de seguridad pública lo hacemos, hemos ingresado con nuestros inspectores permanentemente y cuando hemos tenido denuncias también ha servido para encontrar vehículos robados. Cuando roban vehículos los guardan y lo ocupan (el sector) como centro de acopio, para poder posteriormente sacarlos (a Bolivia)".
Por esta razón, en coordinación con Carabineros, instalaron un retén en la ruta A-504, ubicada cercana a la toma, para generar un mayor control y sensación de seguridad en la zona.
En esa línea, destacó el resultado que ha tenido la puesta en marcha del Plan Calles Sin Violencia, que fue precisamente en Alto Hospicio donde se inició como piloto. "El trabajo de nuestras policías, de la Fiscalía, ha entregado sus resultados. Los datos que teníamos nosotros el año pasado eran 50 fallecidos (por homicidios). En enero y febrero llevábamos cerca de 12, y a partir que se toma control con el Plan Calles Sin Violencia, se logra tomar control de aquello. Tengo la intención que las actuaciones delincuenciales del Tren de Aragua ya han sido desarticuladas aquí en la zona", aseguró el alcalde.
"COMO SI FUERA UNA NUEVA CIUDAD"
La ocupación irregular en este sector se detectó en 2020, y en abril de 2021, la Seremi de Bienes Nacionales hizo una restitución administrativa y logró recuperar cerca de 35 hectáreas. Sin embargo, producto de la pandemia, creció de manera explosiva, ocupando terrenos de dicha institución, de la empresa privada Ferronor y de la Fuerza Aérea.
A raíz de aquello se convocó una mesa de trabajo multisectorial "para enfrentar el tema de manera coordinada y colaborativa", indicaron desde Bienes Nacionales.
Si bien no tienen datos precisos sobre la población que vive en el sector, de acuerdo con fotografías, vuelos de dron y fiscalizaciones en terrenos, estiman en a lo menos 100 hectáreas tomadas pertenecientes a dicha cartera.
Una de las construcciones ilegales en arriendo.
"Nosotros tenemos fiscalizaciones de que es como si fuera una nueva ciudad. También tengo conocimiento del paradero de Uber. Hay muchas ferreterías que ofrecen justamente materiales de construcción para poder realizar mejoras o estos cierres que muchas veces hacen. Hemos detectado también muchos cierres perimetrales con motivos especulativos. Tenemos detectado que hay bandas, gente del crimen organizado que lucra vendiendo terrenos, sobre todo a extranjeros. Incluso hemos detectado el tema de segundas viviendas, hemos detectado por redes sociales de que se construyen casas y se venden incluso por Marketplace en Facebook por avisos", sostuvo el seremi de Bienes Nacionales, Osvaldo Ardiles.
La autoridad regional precisó que el valor de media hectárea en dicha toma supera los 10 millones de pesos. Este precio varía de acuerdo a la superficie y el lugar donde está emplazado. Y aún cuando se conoce la realidad habitacional de la región, Ardiles sostiene que entienden que en este sector habitan familias y niños, por lo que no es fácil ejecutar una restitución de terrenos.
No obstante, afirmó que están realizando un trabajo del cual no pueden dar grandes luces porque "cualquier noticia al respecto puede ser contraproducente", pero aseguró que al término de este año se deberán realizar a lo menos tres desalojos en terrenos que deben estar a disposición del plan de emergencia regional.
GOBIERNO HABLA DE LA TOMA "TAL VEZ MÁS GRANDE" DE CHILE
Durante la mañana de este jueves, el Gobierno confirmó la situación de la toma, que alberga a aproximadamente 2.500 familias y es probablemente la más grande de Chile.
De quienes viven allí, algunos "están en el catastro de campamentos del Ministerio de Vivienda y se está trabajando para encontrar una solución habitacional", puntualizó el ministro subrogante del Interior, Manuel Monsalve.
"Por lo tanto -recalcó-, respecto a una de las tomas más grandes -tal vez de Chile- que es la toma de La Mula, hay un trabajo que llevan las autoridades en el marco de la vivienda para buscar soluciones habitacionales".
"Yo solo quiero detenerme respecto a eso, por eso quiero hacer la diferencia de la política habitacional de la política de seguridad (...) ese trabajo ha permitido que en todas las regiones del norte haya una baja muy sustancial en materia de homicidios. Digo esto porque al interior de las tomas a veces operan organizaciones criminales, y nuestra tarea en materia de seguridad es identificarlas y desarticularlas", precisó el subsecretario.
A la vez, la fiscal jefe de Alto Hospicio, Virginia Aravena, complementó que junto a sus pares "vamos con implementos de seguridad -ya sea chalecos antibala, cascos, alarmas- que son medidas mínimas para poder ingresar al lugar. O sea, no es recomendable que nadie que no tenga experiencia o no conozca el sector se instale; es necesario que sea gente que tenga la capacitación necesaria".
"Todo lo que usted se pueda imaginar ha ocurrido en ese lugar, porque como está custodiado por esta gente, es como una mini ciudad que está tomada. Entonces hemos encontrado a personas secuestradas, hace poco tuvimos una que fue enterrada en un cerro, que no era de fácil acceso. Se practica la entrega de vehículos, o sea, hay lugares de acopio de vehículos robados", detalló.
