Este lunes comenzaron en el Tribunal Oral en Lo Penal de Viña del Mar los alegatos de clausura en el juicio por el crimen del profesor Nibaldo Villegas, quien fue asesinado y descuartizado en agosto pasado en Villa Alemana, Región de Valparaíso.
En el primer turno expuso el Ministerio Público, que argumentó por qué los dos imputados, la ex esposa de Villegas, Johanna Hernández, por el delito de parricidio, y la actual pareja de ella, Francisco Silva, por homicidio calificado, deben ser declarados culpables sin importar cuál haya cometido materialmente el asesinato.
En la audiencia, ambas defensas continuaron deslizando la culpabilidad hacia el otro imputado, y el abogado de Hernández reiteró que solicitara la absolución de ésta de todos los cargos que le acusan.
"El Ministerio Público, con las pruebas vertidas en esta audiencia, no pudo acreditar, no sólo más allá de una duda razonable, de más de una duda, que nuestra representada participara directamente de la muerte de don Nibaldo, y además que coexistiera una planificación por parte de ella. Como se señaló en el alegato de apertura, se va a solicitar la absolución completa de todos los cargos por parte de esta defensa", sostuvo el letrado Leandro Díaz en el tribunal.
Familia: Chile dará un precedente y los condenará como corresponde
Al respecto, a opinión del hermano de Nibaldo, Leandro Villegas, lo expuesto por la defensa "es poco serio", porque "las pruebas son tan contundentes"; no obstante, fustigó que "no han logrado que ni siquiera hayan podido demostrar arrepentimiento".
"Ustedes han visto cómo nos sentimos nosotros, (...) tenemos harto dolor, pero estamos fuertes y confiados en la Justicia, siempre hemos pensado que se va a producir el precedente, que con un crimen de esta característica Chile va a demostrar al mundo que van a ser condenados como corresponde", subrayó.
Este martes se rerá el turno de las réplicas de ambas partes y no se descarta que en la misma jornada se pueda conocer el veredicto del tribunal, que está previsto para más tardar este miércoles.
Los imputados arriesgan 40 y 20 años de cárcel, respectivamente, y otros cinco por uso malicioso de tarjeta bancaria.