En Viña del Mar comenzó este miércoles el juicio contra el abogado Ricardo González Latorre, acusado de dos homicidios calificados por alevosía y envenenamiento -uno frustrado y otro consumado- cometidos en Villa Alemana y Quilpué en los años 2012 y 2018, respectivamente.
Se trata un acusado calificado como "ilustrado" por parte del Ministerio Público, que usó "su inteligencia en la comisión de los ilícitos, y que los programó con anticipación".
Tenía como método ganarse la confianza de sus víctimas, persuadirlas para que contrataran seguros de vida y luego asesinarlas -usando metanol- para cobrar las pólizas.
El primer crimen lo cometió, según la acusación, contra Luis Olivares, a quien conocía por 15 años y convenció para contratar un seguro a inicios del año 2012.
Semanas después, invitó a la víctima a una parcela de Villa Alemana, donde le sirvió un trago con una sustancia tóxica y luego lo lanzó a un hoyo, desde el que el afectado logró escapar y sobrevivir.
González es un imputado "ilustrado", que usó "su inteligencia en la comisión de los ilícitos", y tenía como método ganarse la confianza de sus víctimas para luego persuadirlas a fin de que contrataran seguros. (Foto: ATON)
El segundo hecho se remonta a 2018: González conoció a Natalia Véliz López proponiéndoles negocios y la motivó a contratar un seguro. Posteriormente, cuando la mujer quiso terminar la relación laboral, la invitó a beber y, dentro de un auto, le sirvió alcohol con metanol, provocando un grave deterioro de su salud.
"ASESINO EN SERIE"
La mujer falleció una semana después y, tras ello, el letrado acudió a pedir la ficha clínica de la víctima, "documento que se necesita para cobrar un seguro". Debido a que la secretaria encargada era familiar de la mujer fallecida, se encendieron las alarmas, relata Nicole Reyes, primogénita de la fallecida, que afirma que González es "un asesino en serie", que "lleva haciendo esto desde 1997".
"Si no pudimos salvar a mi mamá, (el objetivo) es que no vuelva a matar a otra persona, porque las vidas de todas las víctimas dejaron atrás hijos, mamás, familias que aún los lloran", señala.
Caroline Veliz, otra hija de Natalia, señaló entre lágrimas, tras la audiencia de hoy, que "es difícil ver a la persona que mató a tu mamá ahí sentado como si nada...".
"Lo único que quiero es que se haga justicia, lo único que necesitamos es eso, para tener un poco de tranquilidad. Quizás no vamos a recuperar nada, pero vamos a estar más tranquilas. Quizás ella va a descansar en paz", reflexionó.
Para la abogada de la familia Veliz, María Fernanda Cuevas, este caso involucra hechos excepcionales "por la cantidad de víctimas que ha dejado en el camino el acusado, que dan cuenta de un patrón perdurable en el tiempo, que le ha permitido vivir en la impunidad por casi 20 años".
SOSPECHAS
Como parte de los testigos del juicio, explicó el fiscal Hernán Silva, acudirán familiares de al menos dos personas que no tienen calidad de víctimas en la causa, pero que fallecieron en extrañas circunstancias en las que González estuvo cerca.
"Vamos a acreditar que hacía un modo de sustento de su vida con los seguros, sabiendo que podía evitar dejar rastros, que salía impune de la comisión de los ilícitos", afirmó Silva, resaltando que algunos de los seguros que cobró el imputado superaban los 100 millones de pesos.
El letrado tomó apuntes durante el transcurso de la jornada inaugural del juicio, que podría valerle una condena de por vida.
Uno de los casos "bajo sospecha" es el de Marcelo Montecinos: era muy cercano a González y murió en 2016 por una falla multisistémica luego de "quemarse por dentro", según su hermano Cristián. Al funeral asistió, en la fecha, el abogado González.
"Pasaron como dos años y Ricardo me llamó por un seguro que tenía mi hermano. (...) Me citó en el banco, me pasó una plata y no lo vi nunca más, pensé que era una herencia", cuenta Marcelo, que luego de enterarse de las imputaciones contra el profesional a través de la televisión acudió a la policía.
El Ministerio Público pide una pena de presidio perpetuo calificado para Ricardo González, y una empresa aseguradora que participa como querellante en el juicio solicita una pena de tres años y un día por el delito de fraude.