Los dueños del lugar fueron formalizados por estafa en septiembre pasado, tras detectarse presuntas irregularidades en el cobro de cheques cuando operaba como residencia sanitaria.
Mediante un oficio elevado al tribunal de Viña del Mar, la Fiscalía solicitó la autorización para la entrada y registro de ambas sucursales del hotel Queen Royal de esa ciudad, cuyos dueños están formalizados por el presunto delito de estafa cometido contra el Fisco en el contexto de que dichas dependencias funcionaban como residencia sanitaria contratada por el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota.
El objetivo de la diligencia, según el fiscal Claudio Rebeco, es poder incautar material contable que pudiera entregar atisbos sobre la comisión del delito en el que habrían incurrido los imputados Claudio Benavides Paredes y Mauricio Rojas Orellana.
En ese sentido, para contextualizar su petición, el fiscal Rebeco expuso que "en resumen el Ministerio Público imputa a Claudio Benavides y Mauricio Rojas, socios de la Sociedad Gran Pacífico Spa, el despliegue de maniobras dolosas encaminadas a obtener el pago de un cheque por $ 76.077.890 emitido por Tesorería General de la República (TGR), siendo este pago improcedente por haberse anulado la factura que lo sustentaba mediante una nota de crédito y porque los servicios ya habían sido cancelados mediante otro documento (cheque manual) por el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota (SSVQ). A pesar de haberse cursado un pago indebido y habérseles requerido la restitución de esos fondos, los imputados se han negado a ello".
La solicitud hecha por el fiscal anticorrupción se da luego de que, según él mismo informó, en enero el imputado Benavides se negara a la entrega voluntaria del libro de venta, facturas y notas de crédito, información sobre proveedores y bancos correspondiente al período entre abril y diciembre del 2020.
"La diligencia resulta pertinente y necesaria, pues los hechos materia de la investigación discurren sobre conductas vinculadas a la emisión de facturas y notas de crédito y en particular sobre el comportamiento comercial de la sociedad manejada por los imputados, que como ya se ha dicho se han negado a colaborar con el esclarecimiento de los hechos", detalló.
"Por otro lado los libros contables pudieran dar cuenta de una eventual situación de insolvencia o falta de liquidez, que pudiera explicar el contexto del ilícito cometido", expuso el persecutor en su solicitud respecto de la cual no figura información pública sobre su aprobación o rechazo.
