El Ministerio Público formalizó por desórdenes públicos a 21 pescadores de la excaleta Sudamericana imputándoles los disturbios ocasionados el 20 de octubre de 2021 en la avenida Errázuriz y luego en el Puerto de Valparaíso.
Los hechos partieron en la arteria porteña donde según Fiscalía se interrumpió el libre tránsito de las personas, para luego trasladarse hasta las inmediaciones el Muelle Prat, donde "arrojaron palos y piedras al personal de la Armada de Chile turbando gravemente la tranquilidad", dijo el fiscal Javier Carrasco, quien entregó un escueto relato en el que no precisó qué responsabilidad habría tenido cada imputado.
"A mí me formalizaron, pero el día de los desórdenes yo estaba en Antofagasta, llegué un día después. Es injusto y le pasó a varios armadores", dijo Cristian Gallardo, quien es el dueño de una embarcación que sí habría participado en los hechos, por lo que además pagó una multa.
Por su parte, Felipe Olea, abogado representante de 12 armadores, sostuvo que EPV (estatal) "está tratando de criminalizar la protesta. Es curioso que este Gobierno, donde fue cuestionable el indulto para una serie de manifestantes que durante el estallido social destruyeron el país, hoy venga a formalizar a trabajadores y pescadores que lo único que ha hecho es querer volver a su lugar de trabajo. EPV no es una empresa privada, es una empresa estatal que representa a todos los chilenos", cerró Olea.
Finalizada la audiencia, para fines de abril se fijó una instancia en la que los acusadores y las defensas debatirán si se acuerda o no una salida alternativa para los pescadores que quedaron sin medidas cautelares.
