Tras el informe de Contraloría, que dio a conocer de varias deficiencias, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) hizo una autocrítica este jueves de su labor durante el megaincendio que afectó en febrero de 2024 a la Región de Valparaíso, asegurando que las recomendaciones respectivas serán incorporadas en el futuro.
En el informe, llamado "Estrategia para el Fortalecimiento de la Gestión en Incendios Forestales 2023-2024", el ente contralor afirmó que Senapred falló en el diagnóstico, la verificación de parámetros y en los indicadores de evaluación durante la emergencia.
Las conclusiones apuntan a que, en la mesa de trabajo que levantó el plan, no se evaluaron los recursos disponibles de las entidades que participaron para la eventual ejecución de las medidas acordadas, por lo que hubo falta de recursos humanos, financieros y de capacidad para ejecutar la estrategia en las 13 regiones del país donde se aplicó.
También se analizaron los planes comunales para la reducción de riesgos, detectando que -si bien la mayoría cumple- existen siete municipios que no lo han confeccionados y otros 126 ni siquiera respondieron.
Debido a ello, Contraloría pidió al organismo "mejoras sustanciales" en sus estrategias, incluyendo "la definición clara de atribuciones, la creación de indicadores de cumplimiento y la coordinación efectiva con las entidades responsables", informó ayer La Tercera.
Las deficiencias detectadas fueron abordadas por la directora de Senapred, Alicia Cebrián, quien afirmó que "siempre hay una autocrítica, lo hacemos de manera permanente como servicio con los organismos como del sistema. Las brechas que se detectaron tienen mucho que ver con las estrategias de seguimiento y de control del cumplimiento de los compromisos".
"Esas brechas fueron incorporadas y revisadasen la actual estrategia, la cual nuevamente vamos a revisar y poder superar las brechas que obviamente se puedan detectar", analizó líder de Senapred.
Finalmente, indicó que "en todo proceso de planificación siempre hay dificultades, hay productos que no necesariamente se logran completar, y es un ejercicio que hacemos permanentemente de evaluación, lecciones aprendidas y se van incorporando".
Querellantes analizan la causa judicial
En paralelo, también hay una arista penal por una causa abierta por el incendio cuyo inicio fue intencional y doloso, según el Ministerio Público, razón por la cual hay siete personas en prisión preventiva, varios de ellos exfuncionarios de Bomberos y Conaf, y cuya investigación fue ampliada la semana pasada.
Esta situación fue valorada por el abogado querellante en la causa, Luis Cantellano, quien, aunque dijo estar "conforme" con los avances contra los presuntos autores intelectuales y materiales del siniestro, cuestionó que no se avance con las querellas contra autoridades.
"En lo que creemos que la Fiscalía está en deuda es con la responsabilidad de las autoridades, y en ese sentido nosotros hemos sido los únicos de los más de siete querellantes que existen en esta causa en que hemos presentado querellas nominativas", dijo el jurista.
Asimismo, aseguró que "evidentemente falta una visión respecto de la responsabilidad que tuvieron las autoridades; ahí es donde nosotros, y ya le hemos hecho saber esta situación a la fiscal regional, Claudia Perivancich".
El abogado dijo que, como parte querellante, se le solicitó a la persecutora la designación de un fiscal especial para la causa.
En la misma línea, el también querellante Felipe Olea comentó que "valoramos el trabajo del Ministerio Público en cuanto a la determinación de los responsables inmediatos del incendio, es decir, quienes provocaron esta tragedia, y que hoy ofrece como resultado que se encuentren en prisión preventiva siete imputados, que como sabemos, lamentablemente, en su mayoría fueron trabajadores de Conaf"
"Pero lo cierto es que, en lo que dice relación con las negligencias y también la desidia de las autoridades, que permitió que este incendio forestal se transformara en un incendio urbano, viajara por más de 30 kilómetros por un espacio de seis horas, y efectivamente terminara generando el fallecimiento de 136 personas, destruyendo más de 3.500 casas, creemos que el Ministerio Público se encuentra en deuda", remató.
"Más rabia que vida"
A raíz del lento proceso de reconstrucción, también diversas organizaciones sociales han expresado su molestia y decepción con el actuar gubernamental.
Entre ellas, Organización Reconstruyendo Pueblo dijo que el sentimiento de los damnificados es de "más rabia que vida".
"Las instituciones y políticos de todas las tendencias promocionaron y promovieron el 'Plan de Reconstrucción' como la solución que enfrentaría las nuevas necesidades y carencias que dejó esta tragedia. Un plan que a pesar del tiempo transcurrido y los miles de millones de recursos comprometidos, ha tenido un nulo avance en la mayoría de las zonas afectadas. Uno de los casos más representativos de esta negligencia e indolencia es lo que han tenido que vivir los vecinos y vecinas de Lomas Latorre, donde las promesas de pavimentación y reconstrucción no se han concretado", dijo el grupo.
"La negligencia del proceso y la pésima gestión gubernamental han dejado en evidencia la inoperancia de las instituciones y la desconexión total con las necesidades reales de los pobladores. Mientras las autoridades insisten en que se está trabajando en soluciones, la realidad es que cientos de familias continúan viviendo en condiciones de extrema precariedad, expuestas a los embates del clima, a nuevos incendios y sin certeza alguna sobre su futuro", expresaron sus integrantes.