El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) propuso una fórmula para la regularización de las tomas de los cerros La Virgen y Centinela de la comuna de San Antonio, en la Región de Valparaíso, ad portas de que se cumpla el plazo de desalojo impuesto por la Corte Suprema.
A fines de marzo, el máximo tribunal respaldó un fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y ordenó el desalojo forzoso de este asentamiento, que reúne alrededor de 3.000 familias (casi 10 mil personas) en un paño de 260 hectáreas, que impidió construir el acceso norte al puerto local, contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo Portuario.
"Todos los ocupantes deberán abandonar el inmueble, disponiendo de un máximo de seis meses desde que esta sentencia quede ejecutoriada, debiendo retirar del lugar sus enseres y construcciones", indicó la Suprema en aquel entonces. Ahora falta poco más de un mes para que, el 6 de noviembre próximo, venza dicho plazo.
Por lo anterior, el Minvu está instando a los habitantes de esta megatoma a organizarse bajo la fórmula de cooperativas con la finalidad de comprarle al dueño privado los lotes y, posteriormente, acceder a un programa de urbanización, según consignó El Mercurio.
"Una opción que hemos propuesto en la mesa de trabajo con los dirigentes de la toma es que las cooperativas cerradas de vivienda u otro tipo de organización permitan a un grupo de pobladores adquirir el terreno, y resuelto el tema de la propiedad, el Estado puede entrar con sus programas de urbanización y otros que van por conductos regulares", explicaron desde la Seremi de Vivienda de Valparaíso al diario.
La Seremi señaló que es clave analizar todas las soluciones posibles, pero "el Estado y el Ministerio no pueden comprar terrenos en toma".
Felipe Olea, abogado de una agrupación de habitantes del lugar, se mostró conforme con la idea de que las personas "puedan pagar con sus recursos los 12 a 14 millones de pesos que podría llegar a costar cada lote individual, quedando como deudor ante el Estado y con facilidades de pago de 30 años o más".
PROPIETARIOS NO QUIEREN NEGOCIAR CON POBLADORES
El abogado de los dueños del terreno tomado, Diego Pereira, señaló al matutino que los propietarios exigen que su contraparte sea el Estado, ya que no quieren tener "ningún tipo de acercamiento con personas tenemos querelladas por cometer ilícitos".
Además, puntualizó que este mes formalizaron las querellas, como la orden de desalojo dictada por la Suprema, apenas el Estado firme la promesa de compraventa.
Por otra parte, el urbanista Sergio Baeriswyl advirtió en El Mercurio que esta situación está siendo observada por miles de personas y que lo que ocurra allí "marcará un precedente de la política pública de acceso a la vivienda".
"Si se insiste en beneficiar a esta toma en particular, todos los campamentos exigirán el derecho de un mismo trato por el Estado. Eso validaría un modelo que debilita los conductos regulares y transforma las tomas en el mejor y más rápido sistema de acceso a la vivienda", aseveró.
En la misma línea, el investigador asociado del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (Cedeus), Javier Ruiz-Tagle, dijo que "estas intervenciones vienen a dar un incentivo perverso para que más gente se tome terrenos".
