Siete personas fueron detenidas y tres de ellas quedaron en prisión preventiva.
Participaron en delitos en al menos 12 comunas del país.
Personal de Fiscalía y de la PDI lograron identificar y detener a los integrantes de una banda que asaltaba locales comerciales de ciudadanos chinos en diversas ciudades del país, principalmente en San Antonio.
Los sujetos perpetraron delitos en centros comerciales, establecimientos de juegos de azas y restaurantes de las comunas de San Antonio, El Tabo, El Quisco, Valparaíso, Coquimbo, Santiago, Rancagua, Rengo, San Javier, Molina, Curicó y Talca.
Manuel Quintana, de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía regional de Valparaíso y de la provincia de San Antonio, indicó que "partió en el mes de febrero cuando se empiezan a cometer estos delitos en la provincia de San Antonio, que son a lo menos seis identificados. Se realizaron distintas técnicas investigativas, entre ellas interceptaciones telefónicas, tráfico de antenas, tráfico de llamadas, vigilancia, levantamiento de cámaras en distintos sectores de la provincia. En conjunto con eso se realizaron otras diligencias en distintas regiones respecto de sujetos que cometen este tipo de delitos con un modus operandi similar".
Ante esta situación se llevó a cabo la denominada "Operación Inca", que permitió detener a siete sujetos, todos de nacionalidad peruana, dos mujeres y cinco hombres.
"Hay algunos que tienen cédula de identidad chilena, entraron de manera regular. Pero hay otros que no tienen identificación, que habrían entrado por pasos no habilitados, por ello no tienen registro y no tienen cédula de identidad ni identificación. Tampoco se tiene alguna idea de cuánto tiempo llevan viviendo en el país", precisó el persecutor.
Cinco imputados fueron formalizados por robo con violencia e intimidación, quedando tres de ellos en prisión preventiva y los otros dos con arresto domiciliario total y arraigo nacional.
Mientras tanto, una de las mujeres detenidas fue formalizada por tenencia de municiones, quedando con arresto domiciliario total y arraigo nacional; y la última imputada quedó con firma mensual y arraigo luego de ser formalizada por receptación, tenencia de arma de fuego y tenencia de municiones.
