Organizaciones acusan que el Gobierno no ha cumplido el fallo de la Corte Suprema que, hace exactamente un año, planteó 15 medidas para aplicar tras la crisis medioambiental del 2018 en Quintero y Puchuncaví.
El máximo tribunal acogió el 28 de mayo de 2019 una serie de recursos de protección -9 de 12- contra las empresas ENAP, Codelco Ventanas, AES Gener y el Ministerio del Medio Ambiente: de esa forma, resolvió exigirle al Estado el cambio del plan regulador, la realización de estudios para determinar la presencia de gases contaminantes y las fuentes de estos, y el traslado de la población vulnerable en situaciones de emergencia, entre otros asuntos.
Sin embargo, a 12 meses del fallo de la Tercera Sala Constitucional, en la zona acusan falta de acción por parte de la autoridad: el abogado Ezzio Costa, litigante en el caso, advierte que podrían recurrir a organismo internacionales.
"Creemos que es posible que aquí haya un desacato por parte de la autoridad al fallo y eso conlleva ciertas sanciones; pero la verdad, más que pensar en sanciones a la autoridad, lo que nos interesa a nosotros y a la gente de Quintero y Puchuncaví es que se cumpla el fallo, y efectivamente se pueda vivir con un aire respirable en la zona", sostuvo.
"Por lo tanto -agregó-, más allá de que vamos a intentar todas las vías jurídicas posibles, sin una voluntad del Estado de cumplir, esto no va a avanzar".
De hecho, una vez se conoció el referido fallo, desde el Gobierno consideraron que "está en el límite de lo que se puede hacer", como dijo el ministro de Justicia, Hernán Larraín: "No le corresponde a la Corte Suprema ni a los tribunales impulsar políticas públicas", dichos a los que se sumó, en la misma línea, el entonces titular de Interior, Andrés Chadwick.
"Contaminación persistente" en medio de una pandemia
En tanto, desde Greenpeace afirman que la actual pandemia de coronavirus no ha aminorado los episodios contaminantes en la zona.
"En el período de crisis por la pandemia, Quintero y Puchuncaví han enfrentado 46 días con altas concentraciones de dióxido de azufre, los que han superado los máximos establecidos por la OMS. La situación es crítica, ya que incluso se han quintuplicado lo valores establecidos internacionalmente en más de una ocasión", expuso Matías Asún, director nacional de la ONG ambientalista en Chile.
"Esta combinación de contaminación persistente y la pandemia es particularmente riesgosa para las personas; por lo mismo hacemos un llamado a las autoridades a tomar las medidas y cerrar las operaciones de las fuentes contaminantes y las centrales a carbón en la zona", emplazó.
En tanto, la Corte de Apelaciones de Valparaíso ha oficiado a organismos públicos, como el Ministerio de Salud y el del Medio Ambiente, para envíen un informe con el avance de las medidas.
Ministerio de Medioambiente afirma que han realizado acciones inéditas en la zona
La Seremi de Medioambiente de Valparaíso, Victoria Gazmuri señaló que "hemos desarrollado acciones concretas e inéditas en el territorio como la toma de muestras por parte del Instituto Noruego de Investigación del Aire (NILU) para obtener la huella digital de los contaminantes COV's (compuestos orgánicos volátiles) de las tres comunas, y el desarrollo del estudio de cuantificación de COVS, con énfasis en BTX, a cargo de Centro de Investigación Toxicológica de la Universidad Católica (CITUC)".
"Elaboramos y pusimos en marcha el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica con el que las empresas de la zona tuvieron que congelar sus emisiones", agregó.
Gazmuri añadió que tras los hechos de contaminación, la región cuenta con un Plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC) y que están trabajando en la elaboración del anteproyecto de Norma Primaria de Calidad del aire para Compuestos Orgánicos Volátiles (COVS), y en el rediseño de la red de monitoreo de calidad del aire de la zona, entre otras medidas.
