Tras cuatro postergaciones, este lunes inició en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar la audiencia de preparación de juicio oral contra las cuatro personas imputadas en el caso denominado "Sicario de Concón", en el que fue asesinado el empresario Alejandro Correa en mayo del 2020.
En la instancia de hoy las defensas pidieron que el tribunal declarara el abandono de la abogada querellante Paula Panes, quien representa a uno de los sobrevivientes del ataque, debido a que no estuvo presente esta jornada.
Sin embargo, la magistrada Yésica Hidalgo no acogió la petición. "No ha lugar a la solicitud de declarar abandonada la querella, tomando en consideración las mismas circunstancias, vale decir, comparecencias oportunas de la querellante, su participación en virtud de la representación de una de las víctimas, y que puede existir una explicación (a la ausencia de hoy)", explicó.
La preparación del juicio seguirá este martes a las 13:30 horas, cuando se espera que la jueza también se pronuncie sobre las intenciones de los abogados defensores de que se excluyan algunas pruebas de los acusadores.
En detalle, el defensor de Cluadio Riveros, uno de los imputados, pidió que se excluyan las declaraciones de éste del 18 y 19 de mayo y del 20 de junio del 2020, por considerar que no se realizaron en condiciones legítimas pues a esa fecha él aún no contaba con abofado.
El Ministerio Público pide 38 años de cárcel para Víctor Gutiérrez Londoño, de nacionalidad colombiana, imputado por el asesinato de Correa, y quien presunamente recibió un pago para cometer el crimen: se desagregan en 20 años por el delito de homicidio calificado, 10 años por el homicidio frustrado del acompañante de la víctima, cinco por porte y tenencia ilegal de arma de fuego, y tres por receptación.
En tanto, para Renato López Fuentes, señalado por supuestamente haber pagado al sicario, la Fiscalía solicita 20 años de presidio, también por homicidio calificado: según los antecedentes, se presume que él decidió dar muerte al empresario después de que este lo demandara en 2019 por la ocupación de unos terrenos en Quilpué, acción judicial que seguía en curso al tiempo del crimen.
"La voy a fundar debidamente, luego voy hacer dos solicitudes para que se tenga claridad. Son pruebas por infracción de garantías fundamentales, respecto de la cual voy solicitar al tribunal una solicitud principal y una subsidiaria", explicó el abogado.
Otras dos personas figuran en la acusación del Ministerio Público en calidad de cómplices: en primer lugar está Melissa Palma, pareja de Gutiérrez, para quien se piden 15 años de cárcel por homicidio calificado.
De acuerdo con la investigación, la mujer acompañó al imputado el día previo al asesinato para que reconociera la ruta hacia el lugar de los hechos, y además realizó labores de vigilancia "para facilitar la comisión del delito".
El cuarto acusado es el colectivero Claudio Riveros, en cuyo caso la Fiscalía solicita 10 años de presidio por homicidio simple, y cinco por tenencia ilegal de armas.
"DESTRUYÓ A NUESTRA FAMILIA"
Este crimen "destruyó a nuestra familia y quebró la convivencia social", expresó Valentina Correa, hijo del empresario asesinado.
Asimismo, "les pido a las autoridades que no olviden que el móvil de este crimen sigue estando latente, (puesto que) el terreno de mi papá aún está tomado, burlándose así de nuestra familia y todas las personas que quieren vivir sin miedo", exhortó.
