El Juzgado de Garantía de Valparaíso rechazó sobreseer al vicealmirante en retiro Osvaldo Schwarzenberg, quien mantiene calidad de imputado en una investigación desformalizada por el eventual delito de prevaricación administrativa.
En agosto pasado, la Fiscalía decidió no perseverar en la causa debido a que –según el fiscal Claudio Rebeco- no había antecedentes suficientes para configurar el delito contra el oficial de la Armada, que en 2016 autorizó el vertimiento de 9 mil toneladas de salmones muertos al mar, frente a la costa de Chiloé.
Uno de los argumentos de Rebeco para realizar su solicitud fue que en 2018 los hechos ya habían sido ventilados en una causa que fue sobreseída por el mismo tribunal porteño.
Sin embargo, la jueza de garantía Gigliola Devoto apunto que en dicho caso se persiguió el delito de daño ambiental y no el de prevaricación administrativa, "que es por aquel que se está solicitando el sobreseimiento definitivo en esta oportunidad".
"NO HAY CERTEZA DE LA JUSTIFICACIÓN"
Asimismo, la magistrada afirmó que, si bien Contraloría estimó que la decisión de Schwarzenberg se apegó a la normativa, aquello dice relación con una responsabilidad administrativa, "que es distinto a aquello que nos ocupa en este momento, donde se analiza la responsabilidad penal de un funcionario público".
Finalmente, respecto del argumento del fiscal Rebeco que dice relación con que la determinación se tomó por riesgo evidente para la salud humana, como una medida excepcional en contexto de emergencia, Devoto indicó que: "Como es solo excepcional, se debe analizar cuál fue la razón que justificó la decisión, en qué antecedentes se basó, si a la fecha de la autorización existían otros antecedentes o informes, si se habría podido tener otros más, en su caso, cuáles. Además, si se tuvo reuniones previas con organismos técnicos, informes que se debieran contrarrestar tanto entre sí, como con los otros que puedan existir en la investigación".
De igual forma, Devoto indicó que será necesario saber "cuál fue el rol de Sernapesca y el contenido de sus informes, qué fue lo que solicitaron los empresarios del salmón a través de Salmón Chile AG a Directemar y los términos del informe técnico, qué señalaron los otros informes y el comité de expertos. Además se necesita verificar si la biomasa de pescados muertos ponía en peligro la vida de las personas y en ese caso, por qué y de qué manera".
La jueza estimó que también se requiere establecer "si la forma de poner término a esa situación de peligro era realizando el vertimiento de los salmones muertos al mar, dado que la mayoría de la biomasa tuvo otro destino, pues el 64% fue transformado en aceite o harina de pescado y el 27% se depositó en zanjas sanitarias, sin que se sepa a ciencia cierta por qué el 12% restante –equivalente a 9 mil toneladas- no pudo tener el destino de la mayoría".
Todo "lo anterior impide a esta sentenciadora acoger la petición de sobreseimiento definitivo, porque no hay una certeza suficiente para estimar que la autorización que dio el director de Directemar para el vertimiento estaba debidamente justificada".
