El fiscal Sergio Moya estuvo por más de cinco horas al interior del Arzobispado de Concepción, en la Región del Biobío, confirmando que se llevó 300 carpetas con antecedentes de presuntos abusos sexuales y que interrogó a cinco personas dentro de las dependencias, involucrados en recepción de denuncias.
La diligencia de la Fiscalía Regional de O'Higgins se dio en paralelo a los allanamientos que realizó en simultáneo en los obispados en la Región de Valparaíso, Osorno y Chillán.
Con este procedimiento, la fiscalía pretende obtener documentación que pueda verificar si existió presunto encubrimiento de abusos sexuales por parte de algunos obispos -entre ellos el arzobispo de Santiago, cardenal Ricardo Ezzatti, y el obispo emérito de la diósesis de Valparaíso Gonzalo Duarte- y si existen casos no registrados.
En concreto, la diligencia en el obispado de Concepción, según el fiscal Moya, se explica en que se busca revisar el actuar del cardenal Ezzati durante su paso por esa arquidiócesis.
"Es uno de los argumentos que esgrimimos al Tribunal de Garantía de Rancagua y que consideró para otorgar esta orden", precisó el persecutor.
Sostuvo que "no se puede fijar temporalmente un año, porque hay normativas que establece que el plazo de prescripción comienza a correr desde que una víctima ha cumplido la mayoría de edad y, en ese sentido, en los casos de abuso sexual o violaciones es un plazo de prescripción mínimo de 10 años, por lo tanto, no podemos fijar un año como fecha tope".
Otra dependencia allanada fue la Casa Betania, perteneciente al Arzobispado de Concepción, ubicada cerca de la plaza Juan Bosco, desde donde se retiraron documentos por personal del OS9 y Labocar de Concepción, que participaron en la diligencia.