En cumplimiento de una solicitud realizada por la entonces fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, el Ministerio Público reformalizó este jueves, en el Juzgado de Garantía de Coronel, a los tres tripulantes del pesquero de altamar Cobra, así como a la empresa Blumar -propietaria del buque-, en el marco del caso Bruma.
El nuevo jefe del ente persecutor en el Biobío, Roberto Garrido, lideró la audiencia de esta jornada, que busca "precisiones de ubicación de las lanchas" y "el lenguaje que se habría utilizado" durante el presunto impacto del Cobra contra la lancha Bruma, a lo que se atribuye el naufragio y la desaparición de siete pescadores la noche del 30 de marzo de 2025, en cercanías de la Isla Santa María.
En la instancia, se precisó que los hechos ocurrieron al noroeste -y no al noreste- de la Isla Santa María, un ajuste geográfico considerado indispensable por el Ministerio Público para dar validez a las pruebas presentadas en la investigación.
Desde la parte querellante, el abogado Rafael Poblete valoró los ajustes técnicos de cara al futuro juicio oral: "Eran precisiones necesarias para entrar a la etapa del juicio. Nosotros esperamos que a fin de año o a principios del próximo ya se presente la acusación y vamos al juicio efectivo. Esperamos sostener nuestra teoría de que aquí existió un delito de homicidio con dolo eventual y en también un delito de homicidio por omisión, por haber negado el auxilio a los tripulantes que podían haber estado todavía con vida después de esa colisión", indicó el jurista.
Ante la solicitud de Fiscalía, el tribunal decretó la ampliación del plazo de investigación por 90 días.
Asimismo, se levantó la reserva de la carpeta judicial y se eliminó la medida cautelar que prohibía la comunicación entre los imputados, generando inmediatas reacciones en las familias afectadas.
Al respecto, el abogado defensor Alejandro Espinoza señaló que "los antecedentes han ido demostrando lo que siempre hemos sostenido: que esto fue un lamentable accidente. La reformalización después de un año y medio de investigación muestra que la Fiscalía no varía la tesis inicial de que esto es un cuasidelito; es decir, aquí no existe ningún antecedente para sostener que hubo alguna intención o que la tripulación se percatara del accidente y no prestara socorro"
"Creo que las cosas se han consolidado en ese sentido. Quedan tres meses de investigación. No van a haber nuevas modificaciones en esa línea, a nuestro entender. La propia Fiscalía no se ha opuesto a rebajar las medidas cautelares respecto a mi representado", añadió.
"Ya sabíamos que podía pasar esto, que se podía alargar el tema de la investigación. Respecto a la medida cautelar, nosotros siempre encontramos que era una medida que nunca se iba a poder cuantificar si es que realmente estaban cumpliendo o no, entonces no nos sorprende", expresó Catalina Medel, vocera de las familias de la embarcación Bruma.
Agregó que existe "un sentimiento de rabia, porque nosotros seguimos sosteniendo que acá hubo dolo, que la Bruma sí era detectable. Da rabia ver que ellos tengan la máxima seguridad, pasar que ellos (los imputados) no hicieron nada, y nosotros seguimos insistiendo en que ellos deberían estar presos".
La extensión del plazo de la indagatoria estará destinado a realizar diligencias específicas, tales como el análisis de material de pesca entregado a los familiares. Recientemente, cercanos a las víctimas en Constitución (Región del Maule) reportaron el hallazgo de restos óseos entre los cordeles de pesca.
La última audiencia fue en marzo
La última audiencia del caso tuvo lugar en marzo pasado, cuando la Corte de Concepción ratificó las cautelares de menor intensidad impuestas al capitán Rodrigo Mansilla, el piloto Luis Macaya, y el jefe de máquinas Jaime Sandoval, todos imputados por el delito de homicidio culposo.
En esa oportunidad, Marcela Cartagena también abogó sin éxito por fijar cautelares a la persona jurídica de Blumar, por supuestamente "no haber previsto el riesgo de abordaje" la noche de la tragedia.
Al asumir como fiscal regional del Biobío a inicios de agosto, Garrido aseveró que esclarecer lo acontecido en este caso sería una de sus prioridades iniciales, lo que ha sido valorado por los familiares de las víctimas, hoy presentes en el tribunal.
