Medidas de firma quincenal, arraigo nacional y prohibición de comunicación se mantienen para los implicados.
Hace un año, el trágico incidente dejó siete pescadores artesanales desaparecidos en Coronel.
La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción confirmó este martes la decisión de mantener las medidas cautelares contra tres tripulantes del pesquero de altamar "Cobra", investigados por su presunta responsabilidad en el siniestro de la lancha "Bruma", donde, hace un año, siete pescadores desaparecieron en cercanías de la Isla Santa María, en aguas de Coronel (Región del Biobío).
Según la investigación del Ministerio Público, la cual sigue en curso, el pesquero, propiedad de Blumar, impactó y destruyó la embarcación menor la madrugada del 30 de marzo de 2025.
La decisión judicial ratifica lo resuelto previamente por el Juzgado de Garantía de Coronel, que ordenó a los tres tripulantes cumplir con firma quincenal, arraigo nacional y prohibición de comunicarse entre las partes involucradas en el proceso judicial.
Durante la audiencia, la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, abogó sin éxito por imponer cautelares a la persona jurídica de Blumar, apuntando que en una reunión posterior al siniestro, "el gerente general de la empresa, don Gerardo Balbontín, dijo: 'Se implementará un plan de gestión de riesgo con asesoría experta para la prevención de abordajes'".
"Si esto no es un reconocimiento total de parte de la empresa Blumar de que no había previsto el riesgo de abordaje a la altura del 30 de marzo de 2025, y que como consecuencia de ello sus trabajadores no estaban a la altura de enfrentarse a un riesgo como este, no sabemos qué lo es", advirtió la persecutora.
En la misma instancia, el defensor de los tripulantes y Blumar, Alejandro Espinoza, insistió en que "hay una posibilidad alta de que la Bruma no fuese detectada" la noche del accidente, algo que ha sido refutado por familiares de las víctimas.
"De acuerdo con la boya del SHOA (Servicio Hidrográfico y Oceanográfico) que estaba más cerca del lugar, había olas de entre 2,73 y 4,91 metros, de manera que por el material constructivo de la Bruma -una embarcación de 14 metros de eslora y una borda cercana a los 50 centímetros-, en general queda bajo las ondas del radar, que están ocultas bajo las olas, y es muy difícil de detectar visualmente", planteó.
La resolución fue cuestionada por Enrique Hernández, abogado que representa a las familias de los afectados por el caso Bruma, quien también criticó los argumentos de la defensa para mantener estas cautelares.
"Plantean, a través de informes periciales, la incapacidad física -entendemos- de poder detectar a la lancha Bruma. Y al mismo tiempo, plantean que las condiciones climáticas tenían una relación directa en cuanto al accidente. Al final, la defensa nos plantea que esto pasa a ser responsabilidad de la tripulación de la lancha motor Bruma", cuestionó el jurista.
Sin embargo, expresó que estos argumentos "no pueden tener asidero en el capitán de la embarcación, sabiendo que está investigado por siete personas fallecidas, o quizás no sabían cuántas personas eran".
"Le dice al fiscal naval: 'No me acuerdo, debe estar en la bitácora'", afirmó el abogado, cuestionando la posible falta de memoria o la inconsistencia en las declaraciones.
