La Contraloría General de la República comunicó oficialmente el inicio de una fiscalización a Refinerías Enap Biobío, a consecuencia de la denuncia hecha por el ex asesor medioambiental de la empresa, Marcelo Canales, que dice relación con eventuales arreglos de contratos vía licitación pública que involucran 800 millones de pesos.
Andrés Durán, el abogado del ex funcionario, quien fue desvinculado por un presunto caso de acoso laboral a una estudiante en práctica, indicó que "fuimos notificados por Contraloría que se dio curso a la investigación solicitada por Marcelo Canales y que en definitiva pide que se investiguen una serie de contratos que se estiman son demasiado costosos para la empresa en relación al mercado".
Añadió que "se manifestó la voluntad de investigar y eso es un tema ya relevante porque Contraloría no investiga cualquier hecho".
Consultada la empresa, vía comunicado indicaron que "efectivamente ENAP fue notificada de la investigación y, como es habitual, ha colaborado con ella en todos los requerimientos que se le han efectuado por parte de la autoridad".
Agrega que "Contraloría no ha solicitado testimonio alguno, pero sí documentación, la cual se ha puesto a disposición de la investigación".
Comisión investigadora
Esta denuncia fue la que impulsó al diputado (RN) Leonidas Romero a solicitar una comisión investigadora y que incluyó otros casos como la venta del edificio corporativo, y otra serie de irregularidades puestas en tabla de análisis.
Al respecto, el parlamentario indicó que "los dirigentes nos entregaron antecedentes y estamos hablando de cerca de 1.500 millones de dólares que no tienen justificación, que se hicieron humo, que desaparecieron y yo le pongo un apelativo más fuerte, que se lo robaron en Enap, bajo la administración de Marcelo Tokman".
A esto sumó Romero que "hoy día está en la Fiscalía de Alta Complejidad; está de que la Contraloría acogió la denuncia, por lo tanto yo espero que el caiga quien caiga sea una realidad y efectivamente respondan".