El Ministerio Público pidió prisión preventiva para el reelecto alcalde de Coronel (Región del Biobío), Boris Chamorro (PS), que este martes enfrenta su segunda jornada de formalización por un presunto delito reiterado de cohecho.
El ente persecutor expuso ante el Juzgado de Garantía local que el jefe comunal recibió, de manera "constante y mensual", en al menos 21 oportunidades, montos por un total de 82 millones de pesos de parte de la empresa Puerto Coronel.
De estos 21 presuntos hechos delictuales, 18 se cometieron estando en vigor la nueva Ley de Delitos Económicos, lo que agrava en dos cargos la eventual pena para Chamorro. Esto, sumado a su calidad de funcionario público, lo hace arriesgar un mínimo 10 años de cárcel.
La fiscal Glenda Lagos argumentó que piden la máxima medida cautelar "por la gravedad de los delitos, que se tratan de corrupción y que afectan el desarrollo regular y transparente de las instituciones del Estado".
"Con lo nocivo que es para la sociedad la comisión de este tipo de ilícitos -que, además, han sido una constante- y considerando que el alcalde Chamorro ha sido reelecto, siempre existe la posibilidad de que se vuelvan a repetir", subrayó la persecutora.
Todavía queda formalización
El Ministerio Público solicitó así aplicar el "criterio Jadue", en referencia al exalcalde de Recoleta Daniel Jadue (PC), que quedó en prisión preventiva por tres meses siendo autoridad, luego que los fiscales pidieran la medida cautelar bajo el mismo argumento, en el marco del caso Farmacias Populares.
La petición también va en contra del exconcejal Eduardo Araya (PS) y para los particulares de Puerto Coronel, sobre quienes también pesa una querella del Servicio de Impuestos Internos (SII).
Entre ellos, figuran el expresidente del directorio Eduardo Hartwick, el exgerente Javier Anwandter y su exejecutivo Víctor Olivares.
Se espera que este jueves haya una resolución por parte del tribunal.
