La delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresdner, se reunió la última jornada con representantes de las familias víctimas del ataque perpetrado por alrededor de 40 encapuchados que el viernes 1 de abril dejó 18 viviendas quemadas en la comuna de Contulmo.
Algunos de los afectados reprocharon que la querella confirmada por el Gobierno haya sido por el delito de incendio y no por ley antiterrorista.
"Para mí fue un chiste cuando lo escuché", fustigó Marlenne Betancourt, quien opinó que "un delito común puede ser un incendio de una casa, pero no 18; tampoco es delito común que saquen a personas encañonadas con armas de guerra, imposible que sea un delito común, para mí es terrorismo".
"Por la cantidad de cabañas quemadas y el procedimiento que utilizaron para sacar a los vecinos que estaban esa noche, dista de ser violencia común y corriente; está hecho por delincuentes, pero bajo la orden de gente a la que se puede llamar terrorista", comentó a su vez Mario González, otra de las víctimas.
Dresdner defendió la querella aludiendo a razones formulada "en el comité político del Gobierno y las cuales apoyo".
"La primera razón es que el delito de incendio entrega muchas posibilidades tanto de penas como de investigación, que son incluso mayores a las otras leyes. Esta decisión jurídica me parece una buena decisión", sostuvo la delegada.
Pero, puntualizó, "a pesar de eso, si la investigación del Ministerio Público dice que es mejor querellarse por otra de las leyes, lo vamos a hacer sin ninguna duda; estamos esperando que sea el Ministerio Público, con pruebas en la mano, que nos diga cuál es el mejor camino para tomar".
El hecho, cuya autoría se adjudicó la Resistencia Mapuche Lavkenche (RML) -un grupo radical de la etnia mapuche-, se registró la tarde del primer viernes de este mes en las orillas del Lago Lanalhue, donde cerca de 40 encapuchados arremetieron contra los inmuebles en los que, incluso, algunos se encontraban con moradores.
