La familia del cabo primero Álex Salazar, muerto esta semana tras haber sido atropellado intencionalmente durante una fiscalización en Concepción, explicó este jueves la rabia que ha manifestado los últimos días contra el Gobierno y su gestión en seguridad.
El martes, tras consumarse el deceso del policía, su esposa, Marly Victoriano, acusó al Gobierno de "dar más garantías a los delincuentes que a Carabineros" y que junto al Congreso Nacional "se han encargado de quitarles las herramientas"; y tanto ella como el hermano del cabo, Moisés Salazar, emplazaron al Presidente Gabriel Boric a "ponerse los pantalones".
Asimismo, la viuda del uniformado había dicho que no estaban dispuestos a recibir a autoridades en los funerales.
La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, llegó ayer hasta la Escuela de Suboficiales de Concepción para participar del responso institucional. En la instancia, conversó con el padre de la víctima, Juan Salazar, quien le solicitó legislar contra la delincuencia.
Hoy, en tanto, Moisés reflexionó sobre el motivo de la dura molestia que han expresado hacia el Ejecutivo: "No es que uno no quiera nada con el Gobierno", aclaró, pero el fondo es que "en este sistema uno escucha las promesas, pero después uno ve que nada se hace".
"Entonces, cuando recibes un golpe fuerte tienes que dirigirte a las personas que realmente tienen que arreglar este país, ése es el llamado que hacemos nosotros, para que nadie más tenga que pasar por lo que estamos pasando nosotros, no sólo por la parte policial, sino por los civiles, gente que trabaja, que se levanta todos los días y cae en manos de tanta delincuencia", sostuvo.
Además, declaró que, "con el dolor que tengo, por la rabia que tengo de no poder hacer justicia con mis manos, teniendo una justicia en nuestro país, quiero enviarle un mensaje al Presidente: quiero que se legisle hoy en día una ley que se llame Álex Salazar Rodríguez, y la ley consiste en que a los carabineros de Chile y a todas las ramas uniformadas se les devuelva la autoridad, pero subraye señor Presidente, con mis palabras, para los delincuentes, porque un delincuente fue el arrebató la vida de mi hermano, es el responsable que hoy día yo lo tenga sacar en un cajón; porque un delincuente hizo que una madre, que es mi cuñada, se quede sola con sus hijas".
Este jueves, a las 15:00 horas, se realizó la ceremonia religiosa de despedida en la Iglesia Evangélica Universal de Cristo, ubicada en la localidad de Huentelolén, en el Cañete natal del cabo Salazar. Finalizado el culto tuvo lugar el funeral en el cementerio municipal.
FISCAL NACIONAL COMPROMETE CELERIDAD EN INVESTIGACIÓN
Otro de los reparos que había formulado la familia fue contra los cuatro meses que el Juzgado de Garantía de Concepción definió como plazo para la investigación de la Fiscalía: les parece excesivo, considerando que existe confesión por parte del imputado.
El fiscal nacional, Ángel Valencia, que también asistió ayer al responso, se comprometió esta jornada a que los persecutores intentarán cerrar la indagatoria lo antes posible para llevar a juicio al ciudadanano venezolano imputado por el crimen.
"Yo puedo empatizar y comprender las emociones de la familia y las opiniones que puedan surgir de aquello", manifestó.
En ese marco, destacó que "afortunadamente la Fiscalía ha estado haciendo su trabajo en esa materia, el imputado se encuentra en prisión preventiva, la investigación va a continuar y confiamos que -una vez cerrada- el Tribunal de Juicio Oral que sea competente en esa materia va a aplicar las penas más severas en contra de ese imputado".
"Lo relevante es que la fiscal regional (Marcela) Cartagena y su equipo cuentan con toda mi confianza, me han transmitido cuál es el estado de esa causa, las diligencias que han realizado", subrayó, apuntando que "la opinión acerca de cerrar la investigación es una opinión técnica, la vamos a cerrar lo antes posible de aquella oportunidad que nos permita asegurar que vamos a obtener una condena en ese caso".
MUNICIPIO NO SERÁ QUERELLANTE
Esta jornada también se conoció que la justicia decidió no dar lugar a una querella interpuesta por la Municipalidad de Concepción para ser parte de la causa que investiga el procedimiento que terminó con la vida del cabo Salazar.
El argumento fue que la viuda ya interpuso una acción legal, siendo la persona habilitada para ello. Sin embargo, el municipio apelará a la resolución ya que el hecho ocurrió en pleno centro de la ciudad y porque hay interés público de que sean parte de la causa.
