El Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción condenó al Gobierno Regional del Biobío por el despido discriminatorio y con vulneración de derechos fundamentales, fundado en "razones políticas", de una funcionaria llamada Ana María Barrientos Figueroa.
El magistrado Eliecer Cayul acogió una acción de tutela laboral presentada por Barrientos, de profesión ingeniera civil, y condenó al Ejecutivo a pagarle una indemnización total de 69 millones 364 mil 779 pesos, dado que la ley no permite "cometer actos discriminatorios motivados en la opinión política, vulnerando al trabajador en su igualdad de oportunidades en el empleo".
"Ha quedado acreditado con la prueba documental (...) que la actora, en el mes de noviembre del año 2017 le fue renovada su contrata por todo el año 2018 con el objeto de seguir cumpliendo las funciones para la cual habría sido contratada y que venía desarrollando por más de 10 años, y que éste le fue cesada en forma anticipada por la actual autoridad política-administrativa", consigna el fallo.
El tribunal estableció que, "sin considerar los años de servicio que tenía (la afectada), la experiencia y experticia en su calidad de ingeniero civil, desempeñándose incluso para autoridades de la misma coalición política que gobierna el país en la actualidad, se ha privilegiado a una persona que milita en uno de los partidos de la actual coalición de gobierno": Daniel Gutiérrez Fariña.
"Prefiriendo emplear a un militante..."
Para la Justicia, "la exoneración de doña Ana María Barrientos Figueroa, comunicada el 29 de junio de 2018, ha vulnerado la prohibición constitucional de no discriminación arbitraria, al utilizarse como criterio de exclusión del Servicio, la opinión política, prefiriendo emplear a un funcionario militante del partido Renovación Nacional miembro de la coalición gobernante, obviando su trayectoria (de Barrientos) como funcionaria de larga data en el Servicio, alterando con ello la igual de trato que debe haber en el empleo".
El fallo advierte que "el Gobierno Regional del Biobío deberá cesar en la exoneración de sus funcionarios utilizando criterios de discriminación prohibidos por el orden normativo, debiendo ajustarse estrictamente en el ejercicio de las potestades que el ordenamiento le permite para determinar su dotación (...), cuidando con celo dado su rol de garante no incurrir en criterios discriminatorios contrarios a la Constitución Política de la República y Tratados Internacionales" (ver archivo adjunto).
La indemnización
El referido monto de 69 millones 364 mil 779 pesos corresponde a la suma de ocho remuneraciones (22 millones 108 mil 296 pesos), 2,7 millones por indemnización sustitutiva del aviso previo; 27,6 millones por concepto de indemnización por años de servicio; 13,8 millones por recargo legal de la indemnización por años de servicio; y tres millones por concepto de feriado legal y proporcional.
"Las sumas ordenadas pagar lo serán con los reajustes e intereses legales respectivos", finaliza la sentencia.
