El Juzgado de Garantía de Arauco ordenó este viernes que la Defensoría Penal Pública designe a un abogado como curador ad litem (persona que tome una decisión por otra) de un sujeto al que se investiga por su posible participaciónen la muerte del pequeño Tomás Bravo Gutiérrez en la localidad de Caripilún, Región del Biobío.
Se trata de un vecino y conocido de la familia del menor, quien tiene sus facultades mentales perturbadas, y que fue denunciado por una mujer de ataque sexual y de haberle dicho, durante el forcejeo, que no se resistiera si no quería que le pasara lo mismo que al niño Tomás.
Debido a esta situación, el Ministerio Público realizó la petición de que este sujeto -que no cuenta con familiares que se hagan cargo de él- cuente con un tutor legal que decida si accede a realizarse una toma de muestra biológica. Esto fue acogido durante la tarde por el tribunal, que ordenó a la Defensoría Penal Pública la designación respectiva.
El defensor penal público de Arauco, Emanuel Alarcón, señaló que "no compartimos lo resuelto hoy por el tribunal, en atención a que para la Defensoría Penal Pública no es una atribución que le compete ejercer".
"Este rol es de los abogados de la Corporación Asistencia Judicial y los defensores públicos, quienes son auxiliares de la administración de justicia, particularmente para velar por una persona en situación de discapacidad contra quien eventualmente se podrán o no solicitar diligencias", puntualizó.
Si este representante -que debe ser nombrado a la brevedad- acepta la realización del examen, la muestra que se obtenga será comparada con el ADN que actualmente está en la carpeta investigativa.
El caso de Tomás Bravo, niño de tres años que desapareció y fue encontrado nueve días después sin vida en el sector de Caripilún, Región del Biobío, sigue sin encontrar culpables.
