Auditoría responsabilizó a Jaime Durán por irregularidades en la ejecución de 3.000 millones de pesos.
Asociación de trabajadores respaldó al ex funcionario.
El ex jefe de la División Finanzas del Gobierno Regional del Maule, Jaime Durán, acusó "una persecución política" en su contra luego de ser destituido del organismo.
Esto luego de un sumario efectuado al interior de ese organismo en donde se detectó que durante el período 2006-2009 no se conciliaron tres mil millones de pesos.
Durán, que se desempeñó como funcionario público durante 19 años, dijo que nunca hubo una oportunidad que le permitiera demostrar que no se perdió un peso de la ejecución presupuestaria.
"Son 19 años de servicio público en los cuales he tratado de dar todo lo que podía dar como funcionario y como profesional. La verdad es que como lo señalé en alguna oportunidad aquí el hilo se cortó por lo más fino. En este caso cayó un jefe de departamento de finanzas", dijo el funcionario.
"Vuelvo a reiterar de que aquí efectivamente los tres mil millones de pesos que se señala podría perder la Región no es tal, porque esos tres mil millones de pesos ya fueron invertidos", insistió.
Asociación de Funcionarios respaldó al ex trabajadorLa Asociación de Funcionarios del Gobierno Regional, junto a la ANEF, respaldaron a Durán, pues al cursarse su destitución, no podrá ocupar nunca más algún cargo público, por lo cual deberá cambiar de actividad laboral.
Para ambos organismos no hay dolo ni otro ilícito, sino un error de procedimiento, aseguró el dirigente Mauricio Carrasco.
"Acá lo que se ha producido es un error contable en el registro de ciertas cuentas. Dejar muy en claro que no ha habido pérdida de recursos, ni malversación o dolo en ninguna de las funciones. Esta es una situación que se va a corregir en términos contables de registro", sostuvo el dirigente.
La Asociación de Funcionarios del GORE del Maule también acusó persecución política ya que no se aplicó la misma medida con Iván Araya, otro de los jefes de divisiones, por cuanto el intendente Rodrigo Galilea habría permitido que renunciara, quedando en condiciones de ser contratado en cualquier momento por el aparato público, esto, según la asociación, para proteger su afinidad política con el actual Gobierno.
