Intendente Pablo Milad entregó al Ministerio Público un informe de Contraloría que evidencia modificaciones de contratos en hasta 10 veces su valor.
Intendente del Maule se reunió personalmente con el fiscal regional.
Faltas administrativas e incluso eventuales delitos, denunció el intendente Pablo Milad ante el fiscal regional del Maule Mauricio Richards, luego de leer el informe 770 del año 2017 de la Contraloría Regional, que investigó y constató hechos graves durante el proceso de habilitación e implementación del edificio del Gobierno Regional del Maule durante la administración anterior.
El documento evidencia modificaciones de contratos que pasaron de 24 a 240 millones de pesos y el pago de una tarima de 92 metros cuadrados por 22 millones sin boletas de garantía, entre otras faltas administrativas.
"Resulta impresentable que en torno a este proyecto haya ocurrido una serie de situaciones que están al límite de la legalidad y que, por ende, es oportuno que sean conocidos por la opinión pública y la Fiscalía para que, en virtud de ello, inicie las investigaciones correspondientes", dijo el intendente del Maule, Pablo Milad.
Según la Contraloría, el Gobierno Regional (GORE) contrató a una empresa para los servicios de mantención, reparación e instalaciones menores para el edificio por una suma de 20 millones de pesos, sin embargo, en el transcurso de la ejecución del contrato, se modificaron las partidas y en definitiva se desembolsó más de 240 millones, superando en más de 10 veces el monto adjudicado.
"Ello da cuenta de que aquí se actuó vulnerando importantes normas de contratación pública y de control de legalidad en materia de contratos, que eventualmente podrían ser constitutivos de delito", agregó Milad.
"El fiscal nos señaló tras consulta nuestra que una de las acciones es la intervención del Consejo de Defensa del Estado para determinar responsabilidades y resguardar los recursos de todos los chilenos que eventualmente fueron mal utilizados", agregó el seremi de Gobierno, Jorge Guzmán.
