Luego que la semana pasada un tribunal argentino resolviera que la legislación de ese país impide entregar el estatus de refugiado político a un acusado de delitos comunes, en Chile se consideró esto como un primer paso para la eventual extradición del ex frentista Galvarino Apablaza con el fin de que sea juzgado en Chile por el asesinato del senador de la UDI Jaime Guzmán.
Desde esa colectividad interpretaron, como una señal positiva, el dictamen de la justicia del país vecino e incluso pidieron que el gobierno de Mauricio Macri no apele al fallo del tribunal para que se concrete su retorno al país.
"Hago un llamado, respetando sin duda que todas las decisiones son soberanas y las vamos a acatar como corresponde, hago un llamado a que también el Estado argentino pueda avanzar y comprometerse con entregar al señor Galvarino Apablaza, quien goza de impunidad producto de una decisión administrativa que le concede el carácter de refugiado político", dijo el diputado de la UDI Issa Kort.
"Chile no puede dejar de buscar la justicia en ninguno de los casos -añadió Kort- sobre todo en un tema tan emblemático como fue el asesinato del senador Jaime Guzmán".
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Si bien dirigentes del partido, como el vicepresidente Edmundo Eluchans, agradecieron al Gobierno las gestiones realizadas para traer de vuelta al ex frentista, hay otros que consideran que es necesaria la coordinación entre las administraciones de ambos países para obtener la extradición.
"Espero que se llegue a algo concreto, estamos pidiendo hace mucho tiempo la extradición de esta persona, estamos pidiendo que sea juzgado en Chile y ha habido cierta colaboración, débil colaboración del actual Gobierno, pero finalmente algo se ha avanzado, así que confiamos en el apoyo del gobierno argentino y esperamos que entre ambos gobiernos se pueda lograr ese objetivo", afirmó el diputado Felipe Ward.
Abogado de Apablaza rechaza actuación de Chile
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En tanto, los abogados de Galvarino Apablaza en Chile y Argentina coincidieron en afirmar que el proceso de extradición concluyó en 2010 y que los acuerdos internacionales impiden que un tercer involucrado –en este caso el Estado de Chile- pueda presionar para modificar el estatus de refugiado político.
Rodolfo Yanzón, defensor de Apablaza en Argentina, precisó que la intervención de Chile está derechamente prohibida, ya que violaría la convención de refugiados.
"Lo que están pidiendo en sede judicial argentina es justamente lo que la convención internacional prohíbe a rajatabla que es la intervención, cualquier tipo de intervención del Estado que genera las condiciones de refugio que en ese caso es Chile", aseveró.
Yanzón añadió que "Chile lo que pretende es violar la convención de refugiados en este momento en el cual la situación de refugiado tiene una relevancia esencial".
Gobierno: Debemos ser respetuosos
El vocero (s) de Gobierno, Osvaldo Soto, comentó que "no es que como Gobierno nos corresponda o no nos corresponda intervenir, nos corresponde ser respetuosos. Argentina tiene un mecanismo, tiene sus poderes debidamente establecidos y ellos deberán tomar decisiones en atención a los antecedentes que ellos manejan".
"Nosotros tenemos nuestra posición respecto al punto, creemos que en Chile están las condiciones para que cualquier persona, cualquier chileno o chilena sea debidamente juzgado, tenga derecho a una defensa y desde ese punto de vista nosotros nos mantenemos en esa línea", indicó.
"Una revancha de la UDI"
Por otro lado, también se refirió a este caso otros abogados especializados en materia de derechos humanos como Carmen Hertz, quien criticó que el estatus de refugiado se modifique en el contexto de un cambio de Gobierno.
"Ahí hay una decisión de parte del Gobierno argentino de otorgarle el estatus de refugiado y no me parece que dependiendo del signo político que el gobierno de turno tenga se den o se saquen estatus de refugiado que obedecen a otras políticas y en las cuales además interviene el alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados", dijo la jurista.
A su vez, Hugo Pavez habló de una revancha de la UDI. "Como abogado, yo creo que es una revancha, una forma de contentar a la UDI, es decir a los que promovieron el golpe de Estado. No creo que Apablaza tenga responsabilidad en el ajusticiamiento de Jaime Guzmán", sostuvo.
Ante la decisión del tribunal argentino, no solo el gobierno de Mauricio Macri podría apelar a la resolución, sino que el propio Galvarino Apablaza.
Mientras que en la Casa Rosada tienen plazo hasta el 23 de febrero para responder al requerimiento de la familia Guzmán, la fundación y la UDI, presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.