El Estado de Chile gastó 16 mil millones de pesos en los seis años de litigio que duró la demanda por la negociación de una salida al mar de Bolivia que se realizó en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
De esos, en el caso de de los abogados del estudio jurídico Freshfields Bruckhaus Deringer, se pagó un monto exacto de 12.037.961.823 pesos, según información a la que accedió La Tercera vía transparencia. Es decir, un 75 por ciento del total desembolsado, se destinó a asesorías jurídicas.
Según la revista The Lawyer, el estudio integra el círculo de abogados que concentran mayores ingresos del mercado jurídico del Reino Unido.
Del bufete, cinco personas fueron parte del equipo jurídico integrante en la demanda marítima. Uno de ellos fue el litigante australiano Ben Juratowitch. Además formaron parte la singapurense Callista Harris, el italiano Lluis Paradell Trius y los franceses Yuri Mantilla y Daniel Muller.
Según el diario, se pagó 8 mil millones por asesorías de este tipo a los abogados integrantes de sociedades jurídicas y alrededor de 3.800 millones cubrieron el gasto de abogados mediante boletas de honorarios, entre esas, la del agente Claudio Grossman.
El mismo estudio ya había asesorado a Chile en la demanda de Perú por el límite marítimo en el tribunal internacional, pero según dijeron al diario conocedores de los gastos, los montos fueron menores.