La fundación privada Chile-España funciona en dependencias diplomáticas.
Pidieron investigar cómo se han usado los aportes monetarios que ha recibido la entidad.
Los integrantes de la Asociación de Chilenos Violeta Parra y de la Asociación Chilena pro Derechos Humanos Francisco Aedo solicitaron a la Fiscalía de Anticorrupción en España investigar el funcionamiento de la fundación privada Chile-España en dependencias diplomáticas.
Víctor Sáez, vicepresidente de la primera agrupación, indicó que "lo que pretendemos con este escrito, es que la Fiscalía pueda tomar nota de esta situación, pueda ver si hay responsabilidad legales involucradas, puesto que a nuestro juicio al parecer se estaría vulnerando la convención de Viena respecto de las delegaciones diplomáticas".
El documento de la acción legal consignó supuestas relaciones y negocios de la entidad privada con empresas españolas que la patrocinan. En el texto se indica que estas compañías podrían estar aprovechando su pertenencia al patronato de la fundación para conseguir contratos con el gobierno chileno.
Por lo mismo, las asociaciones de chilenos quieren que se investigue los pagos que realizan los encargados de la fundación, aportes que son de libre disposición del embajador chileno Sergio Romero.
El Grupo Prisa, el banco Santander y Endesa, entre otras, son algunas de las firmas que, según Sáez, "han estado entregando importantes sumas de dinero, sobre las cuales no está claro el uso que se les ha dado o cómo se han generado".
La demanda también apunta que se indague en la posibilidad de que la Universidad de Salamanca, otra de las involucradas, haya hecho pagos directos en la cuenta personal de Romero, por el concepto de servicios de consultoría realizados por uno de sus hijos al establecimiento educacional.
Las asociaciones también se preocuparon de contactar abogados en Chile para plantear los próximos pasos a seguir en la Fiscalía chilena.
