El Ministerio de Relaciones Exteriores expresó este domingo su apoyo a la Corte Penal Internacional (CPI) para que pueda "desempeñar su trabajo libre de intimidación y amenazas" y "de manera independiente e imparcial".
Luego de que una investigación periodística revelara los intentos de Israel para influir e intimidar durante décadas al tribunal internacional en sus investigaciones, Cancillería rechazó, a través de un comunicado, "cualquier acto de acoso o amedrentamiento" contra la CPI y reafirmó su "firme compromiso" con dicho tribunal.
El texto fue promovido conjuntamente por Chile, Bélgica, Jordania, Eslovenia y Senegal, y es apoyado por otros 88 países.
En el mismo sentido, el Gobierno respaldó -el 20 de mayo- el anuncio del fiscal de la CPI, Karim Khan, de emitir una orden de arresto contra los dirigentes de Israel y de Hamás por crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Además, el Ejecutivo remitió en enero pasado, junto con México, la situación de Gaza ante el mencionado tribunal para investigar los crímenes cometidos en ambos territorios desde el inicio de la ofensiva israelí el 7 de octubre de 2023.
Desde entonces, más de 37.300 personas han muerto por fuego israelí en la Franja y cerca de 85.300 han resultado heridas, según los datos del Ministerio de Salud del enclave palestino, gobernado por Hamás.
La CPI, con sede en La Haya (Países Bajos), es un tribunal penal que procesa a personas (no a Estados) consideradas como máximas responsables de las atrocidades.
Tiene 124 Estados asociados, entre los que no está Israel, pero sí Palestina, lo que le da jurisdicción sobre los crímenes cometidos en territorio palestino o por nacionales palestinos en otro Estado, aunque este no sea miembro.
Israel –al igual que EEUU y China– firmó pero no ratificó el Estatuto de Roma, constitutivo de la CPI, por lo que aún no está claro el alcance de la medida del fiscal Khan.
