El ex gobernante, detenido el 7 de noviembre de 2005 tras llegar un día antes proveniente de Tokio, se mantiene tranquilo en el país, pese a los 12 juicios por los que el Gobierno de Lima lo quiere de vuelta en Perú.
Confiado en que la justicia no lo extraditará a Perú, el ex presidente peruano Alberto Fujimori, que cumple un año en Chile y seis meses en libertad, se mantiene "confiado" y "tranquilo" en el territorio nacional e incluso planea quedarse por un buen tiempo.
Fujimori fue detenido en Santiago la madrugada del 7 de noviembre de 2005, a petición de Lima con objeto de su extradición, a poco de su inesperada llegada desde Tokio el día anterior, donde se había refugiado en 2000 después de su también imprevista renuncia -por fax- a la presidencia peruana.
 La llegada del ex gobernante desde Tokio tomó a todos por sopresa. (Foto archivo: EFE) |
"Fujimori está muy tranquilo y confiado en que Chile no lo va a extraditar y que el juicio va a terminar bien a su favor", dijeron a la agencia española Efe fuentes allegadas al ex presidente peruano, que pidieron el anonimato.
Agregaron que en Chile lo han tratado bien, que éste ha sido un "buen país anfitrión", que su vida "ha transcurrido normal, relajada", y que además está bien de salud.
El propio Fujimori reconoció que "a lo mejor tendría que buscar otro destino, pero ojalá me permitieran quedarme en Chile", en su primera semana de libertad tras seis meses de reclusión en Santiago.
En Santiago permanece en libertad bajo fianza, pero no puede abandonar el país ni realizar declaraciones que pudieran alterar las relaciones diplomáticas entre Chile y Perú.
De hecho, Fujimori aterrizó en Santiago cuando ambos países estaban inmersos en una intensa campaña electoral y en un momento álgido de las relaciones bilaterales por una controversia sobre límites marítimos.
En este contexto, su aparición generó una incomodidad generalizada y su caso entró en la agenda política.
 Fujimori disfruta en Santiago con sus hijas. En la imagen, junto a Keiko (derecha) y Sachi (izquierda) en su residencia de Las Condes. (Foto archivo: EFE) |
Pese a este escenario, cuando la Corte Suprema le otorgó la libertad provisional el pasado 18 de mayo, Fujimori -asediado por un "enjambre" de periodistas como en sus "buenos tiempos"-, se explayó sobre la contingencia política en Perú.
Sus declaraciones provocaron una protesta del Palacio Pizarro, mientras que La Moneda le advirtió de que no podía inmiscuirse en asuntos internos peruanos, ni transformar a Chile en plataforma para su regreso político a Lima.
Fujimori aseguró entonces que no deseaba "tener injerencia en la política peruana y menos en la cuestión electoral", y prometió mantenerse callado, promesa que ha cumplido y que explica su silencio ante la prensa.
Desde el estrecho espacio que ocupó como reo en la Escuela de Gendarmería -en donde construyó un jardín-, el ex gobernante se trasladó a una amplia casa en Las Condes, donde tiene guardia permanente.
Fiel al estilo de vida que le caracterizó cuando era presidente, sus días en Chile han estado marcados por la política, la familia y también el placer.
A las visitas de sus cuatro hijos, de políticos peruanos y reuniones con empresarios, se han sumado eventos sociales, paseos turísticos, la práctica de golf y plácidas tardes de pesca en alta mar.
"Le gusta el entorno de su casa, está tranquilo", señalaron las fuentes.
Desde su vivienda estratégicamente elegida por sus abogados Gabriel Zaliasnik y Fernando Velozo, el ex mandatario sigue la política peruana, escucha música, cocina, pero también se ha sometido a los interrogatorios del juez Orlando Alvarez, a cargo del proceso.
En este agitado año, se casó además en ausencia y por poderes el pasado 6 de abril con la empresaria japonesa Satomi Kataoka, de 39 años.
 Tras protestar frente a los tribunales, una treintena de peruanos entregaron más de 27.000 firmas a la Presidenta Bachelet para pedir la extradición de Fujimori en agosto pasado. (Foto archivo: EFE) |
El 31 de octubre, el juez Alvarez pidió por segunda vez a la Justicia peruana el informe que detalla todos los movimientos monetarios del ex mandatario antes de escapar a Japón y el origen de los fondos con los que compró sus propiedades.
Sin embargo, el pasado jueves, la ministra peruana de Justicia, María Zavala, dijo que no está previsto enviar a Chile el documento pues está "incompleto" y es "confidencial".
Confiado en que su extradición no se concretará, Fujimori también ha descartado una eventual fuga como temen las autoridades peruanas, pero en los sectores políticos no se descarta ningún escenario en relación al impredecible ex presidente.
Estos son los cargos que se le imputan a Fujimori, de acuerdo a la solicitud de extradición enviada por las autoridades peruanas:
1.- Homicidio calificado, lesiones graves y desaparición forzosa en las masacres de Barrios Altos (1991), donde murieron 15 personas, y de la Universidad La Cantuta (1992), cuyas víctimas fueron un profesor y nueve alumnos. Estos crímenes los cometió supuestamente el grupo militar Colina, organizado por el entonces asesor de Fujimori, Vladimiro Montesinos. Pena mínima de quince años.
2.- Homicidio calificado, desaparición forzosa y torturas practicadas en los sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército a agentes de este cuerpo. Pena mínima de quince años.
3.- Malversación de fondos públicos, atentado contra la fe pública y asociación ilícita para delinquir por indemnizar con 15 millones de dólares a Montesinos por sus diez años de servicio a su Gobierno. Tras recibir el pago, el ex asesor se fugó a Panamá. Pena de hasta ocho años.
4.- Asociación ilícita para delinquir y corrupción activa de funcionarios por pagos a congresistas tránsfugas para que apoyaran la reelección de Fujimori en 2000, tal y como se comprobó en una serie de vídeos grabados por Montesinos. Pena mínima de cinco años.
5.- Encubrimiento real, usurpación de funciones y abuso de autoridad por ordenar el allanamiento ilegal de la residencia de Montesinos para incautación de vídeos y documentos incriminatorios. Pena mínima de ocho años.
6.- Violación del secreto de las comunicaciones, malversación de fondos públicos y asociación ilícita para delinquir por espionaje telefónico a decenas de políticos, empresarios, periodistas y funcionarios ordenado por Montesinos. Pena de hasta cinco años.
7.- Malversación de fondos públicos, enriquecimiento ilícito y asociación ilícita para delinquir por malversación de fondos por la transferencia ilegal de fondos de los Ministerios de Defensa e Interior al hoy desactivado Servicio de Inteligencia Nacional. Pena de hasta quince años.
8.- Delito de malversación de fondos públicos y asociación ilícita para delinquir por pagar la millonaria deuda tributaria que el publicista argentino Daniel Borobio, contratado en 2000 en la campaña de Fujimori para la reelección, tenía contraída con el Estado peruano. Pena de hasta ocho años.
9.- Malversación de fondos públicos por pagos ilegales al astrólogo Héctor Faisal, quien fue contratado por Montesinos para difamar a los opositores de Fujimori a través de internet y publicaciones populares. Pena de hasta ocho años.
10.- Colusión en calidad de participación como cómplice necesario y asociación ilícita para delinquir en agravio del Estado por la adquisición irregular de medicinas a laboratorios chinos. Pena de hasta quince años.
11.- Delito contra la administración pública, usurpación de funciones y malversación de fondos públicos por la compra de tractores a China sin cumplir las normas legales. Pena de hasta diez años.
12.- Delitos de asociación ilícita para delinquir, colusión ilegal, malversación de fondos públicos, malversación de fondos, traición a la patria y falsedad genérica por aprobar decretos de urgencia para la adquisición de armamento. Hasta cadena perpetua. (EFE)
