El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, aseguró este miércoles que el asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda fue una operación para "enturbiar" las relaciones entre ambos países, y señaló como posibles responsables a "cuerpos de inteligencia de Chile y extranjeros, con intereses espurios".
"Consideramos que el homicidio de Ojeda se trata de una operación de falsa bandera: una operación que tenía como objetivo enturbiar las relaciones entre Chile y Venezuela, justo cuando ocurría un importantísimo acercamiento", dijo Saab durante una alocución televisada.
El fiscal dijo que "existen personas involucradas en todas las etapas del hecho", aunque no han sido identificadas, y que "pueden pertenecer a organismos de inteligencia de terceros países".
Informó que, "en vista de la gravedad de los hechos" y de la participación de "presuntos venezolanos", Caracas abrió una investigación propia "para facilitar la recaudación de la información solicitada por Chile".
EXIGENCIA DE "RECIPROCIDAD"
Saab recordó que Venezuela no extradita a sus nacionales, por lo que, en caso de capturar a los responsables, estos serán juzgados en el territorio nacional, con base a "la evidencia recabada por la Fiscalía de Chile", aunque -aseguró- nuestro país no le ha entregado "absolutamente nada" de información sobre el caso.
"Seguimos a disposición de la Fiscalía de Chile para lo que necesite, pero exigimos reciprocidad. Esperamos que nuestra solicitud de asistencia penal internacional sea respondida con la misma diligencia que nosotros hemos actuado ante las solicitudes de Chile", exigió.
El pasado 12 de abril, la ministra del Interior, Carolina Tohá, afirmó que el Gobierno "demandará que Venezuela cumpla sus responsabilidades" en relación con el caso de Ojeda, tras declaraciones del fiscal Héctor Barros donde insistía en la hipótesis de que el homicidio fue un acto político orquestado desde Venezuela, aunque sin aportar pruebas.
Hasta el momento, el único imputado por el secuestro y homicidio de Ojeda es un joven de 17 años, también venezolano, que permanece en un centro juvenil desde marzo, mientras que otros dos sospechosos fueron identificados y tienen una orden de detención vigente, pero se encuentran prófugos de la Justicia.
Ojeda, que fue asesinado en febrero en Santiago, era disidente del Gobierno de Nicolás Maduro y se encontraba como asilado político en Chile.
