El rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, se refirió al nuevo reglamento de objeción de conciencia enviado el viernes por el Ejecutivo. Aseguró que "el Gobierno no está haciendo un reglamento que se ajuste al bienestar de las personas", y que evalúa recurrir a la Justicia o al TC de ser ratificado el nuevo protocolo.
"Yo atribuyo esto a que el Gobierno quiere estar completamente en la línea de las pautas que dictó Contraloría, pero no hay una convicción detrás. Esa de decir que están bien los lineamientos de Contraloría, pero que el reglamento tiene que tener aspectos que un gobierno considera importante para las personas y su bien", dijo el rector de la Universidad Católica a La Tercera.
"El Gobierno no está haciendo un reglamento que se ajuste al bienestar de las personas, y me parece grave que no tenga esa mirada de bien común, sino solo la de evitarse problemas con la Contraloría", agregó.
Para Sánchez, uno de los artífices y defensores del concepto de la objeción de conciencia institucional, aún quedan instancias para modificar el reglamento. Y no descarta recurrir a instancias judiciales.
"Nos parece que la objeción institucional está puesta en la ley diciendo que la institución podrá, de acuerdo a su ideario propio, ser objetora de conciencia, con todo un mecanismo al respecto. Los fondos públicos no pueden estar al arbitrio de las iniciativas estatales. Ellos son generados por todos los chilenos y tienen que estar orientados a los proyectos de bien público", dijo.
"En el proyecto de ley no aparecen restricciones y nos parece que no es el espíritu de la ley que un reglamento comience a ponerle restricciones a un derecho. Es inconstitucional negar un derecho fundamental a través de un reglamento. El derecho fundamental que la ley promueve es la objeción por instituciones, y este reglamento está acotando y negando ese derecho, poniéndole condiciones. Eso es inconstitucional", aseveró el mandamás de la PUC.
Respecto a posibles acciones legales, Ignacio Sánchez advirtió que "está todo abierto. Las instituciones pueden ir bajo las razones que mencioné, pero también pueden hacerlo los parlamentarios. Es un flanco abierto que podría esgrimirse para acudir al Tribunal Constitucional. La alternativa que tienen instituciones como la nuestra es, por supuesto, acudir a los tribunales de justicia o al TC".
