Claudia Dides, vocera de la ONG Miles Chile, se refirió en Cooperativa a los polémicos dichos del diputado DC Pablo Lorenzini, quien criticó el proyecto de despenalización del aborto del Gobierno señalando que mujeres que habían tenido relaciones por "unos traguitos de más" podían argumentar haber sido violadas.
Dides calificó las palabras de Lorenzini como "inaceptables", además de señalar que "como mujer, me cayeron pésimo".
"Es una forma de burlarse de un drama que viven mujeres, niñas y adolescentes (...) Cuando él dice que muchas de ellas pudieron haber tomado alcohol y se dejaron violar, me parece de una ignorancia que sobrepasa cualquier límite de machismo en este país", declaró a El Diario de Cooperativa.
En relación al proyecto de ley que busca despenalizar el aborto en tres causales, la vocera señaló que éste "es bastante claro en las tres". Sin embargo "con el tema de la violencia sexual muchas veces, por estereotipos machistas, se pone en duda la palabra de la mujer".
"Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con las tres causales, pero en Chile hay una ley de delitos sexuales, hay una penalización contra la violación y ha funcionado", aseguró.
Asimismo, señaló que el proyecto de ley "seguramente tendrá algunas debilidades en el campo de la Justicia, pero en general hay normas", por lo que descarta que "quede abierta esta idea de que las mujeres para hacerse un aborto, van a decir que fueron violadas", como lo planteó Lorenzini.
Aborto en caso de violación a menor
Otro de los puntos que se ha debatido dentro del proyecto es el límite para abortar en el caso de violación a una menor de 14 años, el que aumentó de 12 a 18 semanas, medida que Dides apoya.
"La OMS plantea que el aborto se puede realizar hasta las 22 semanas. Por lo tanto, Chile no estaría saliéndose de los límites y es cuestión de revisar las legislaciones de otros países, tanto desarrollados como latinoamericanos", dijo la socióloga, quien incluso "aumentaría el plazo", ya que esos casos, suelen ser abusos provenientes del círculo cercano o de un familiar.
Lo anterior hace difícil que "la niña tenga la posibilidad de denunciar", situación que ha arrojado casos en las que "niñas violadas, algunas con fetos inviables, han llegado con 32 semanas, cuando ya hay que hacer una inducción del parto".
Las clínicas que se negaron a efectuar un aborto
Sobre la negativa de clínicas ligadas a la Iglesia Católica para realizar abortos terapéuticos, Claudia Dides apuntó a que "en Chile tenemos un Estado laico, pero también tenemos el derecho de objeción de conciencia individual y cualquier facultativo que no quiera hacer un aborto, nadie lo va a obligar", salvo en el caso de que el médico se encuentre en una zona con carencias de personal médico, ya que "el mismo proyecto dice que tendría que efectuar el procedimiento".
En cuanto a los dichos del rector de la PUC, Ignacio Sánchez, Dides consideró que "fue muy destemplado", además de señalar que "hay una contradicción, porque si es una red tan prestigiosa, como es la red hospitalaria de la Universidad Católica, que presta servicios de salud a mucha gente, inclusive con dineros que aporta el propio Estado de Chile, estamos en un problema".
"Una institución de salud tiene que prestar todos los servicios de acuerdo a la ley. En el caso de las clínicas privadas estamos en otro espacio", por lo que "aquellas mujeres que tengan en riesgo su salud o que tengan un feto inviable, que no se acerquen a esas clínicas, porque no las van a poder ayudar".
En cuanto a las zonas del país donde la oferta hospitalaria es más limitada, la vocera enfatizó en que "el proyecto de ley es bastante claro al decir que todos los servicios de salud van a tener que adecuarse y van a tener que cumplir la ley", subrayando que "el tema lo pusieron en el campo de lo privado" y en las zonas extremas predominan los hospitales públicos, agregando que "el 80 por ciento de las mujeres chilenas se atienden en el servicio de salud pública".
En los casos de riesgo vital e la madre o inviabilidad fetal, es necesario realizar exámenes y diagnósticos, y "esa es una práctica que en los servicios de atención pública se viene haciendo hace muchos años", apuntando a que la diferencia ahora es que "la mujer pueda decidir si seguir o no con ese embarazo y en el caso de que opte por seguir, el Estado tiene que entregar todas las herramientas hasta el final de ese parto", concluyó.
