El Colegio de Matronas acusó la existencia de una "falta ética" en el nuevo reglamento para la objeción de conciencia en el marco de la ley de aborto en tres causales, que ingresó el Gobierno el viernes a la Contraloría.
El gremio criticó que los recintos privados puedan ser objetores de conciencia institucionales cuando sus convenios con el Estado no contemplen prestaciones de obstetricia y ginecología.
"El Estado deberá garantizar que las instituciones resuelvan (respecto a la objeción de conciencia). Sin embargo, el Ejecutivo va a seguir dándoles dinero por otras prestaciones, y eso sí que es una falta ética", señaló la presidenta del Colegio de Matronas, Anita Román.
La líder gremial puntualizó que "lo que se instala es nuevamente es un tema ético, ya que el artículo 14 (del nuevo reglamento) señala que las instituciones privadas van a poder seguir recibiendo plata del Estado, salvo en el área de salud sexual y de salud reproductiva", e indicó que esto supine "una falta de ética gigante".
La UDI se prepara para recurrir al TC
En tanto, el secretario general de la UDI, Issa Kort, reiteró la intención del partido de recurrir hasta el Tribunal Constitucional (TC), con el fin de evitar que "se limite el derecho" a la objeción de conciencia.
"Nosotros entendemos que el Gobierno haya tomado la decisión de adscribir lo que la propia Contraloría General de la República le manda. Sin embargo, creemos que el Tribunal Constitucional puede tomar una definición", afirmó Kort.
"Estamos evaluando el cuándo y el cómo ir al TC. Nosotros tenemos muy claro el porqué, y es porque nosotros creemos que no puede haber una limitación a la objeción de conciencia; eso es coartar un derecho y un principio constitucional", agregó el parlamentario.
Hasta el momento, al interior de Chile Vamos aún no hay consenso sobre este tema, Evópoli descartó apoyar esta idea y en Renovación Nacional aún no adoptan una postura.
Hospital de Panguipuli se suma a críticas al protocolo
En tanto, desde el Hospital de Panguipulli, recinto privado que mantiene convenios con el Estado y que se declaró como objetor de conciencia en septiembre del 2017, manifestaron su rechazo al nuevo protocolo y afirmaron que será responsabilidad del Estado el asegurarle el servicio a las mujeres de la comuna que lo requieran.
"Si el Estado nos obliga, ellos tendrán que ver cómo dar la atención secundaria de Obstetricia en la comuna de Panguipulli, es la responsabilidad que tienen que asumir y el rol que les corresponde", dijo la directora del recinto hospitalario, Tilly Rivas.
"Si (desde el Gobierno) piensan que no podemos seguir dando las atenciones obstétricas que la población de nosotros se merece y requiere sólo por una situación hipotética de prestaciones que nunca se han solicitado, ellos tendrán que ver qué mecanismos usan para otorgar la atención secundaria en Panguipulli", añadió.
