Diputados y senadores opositores llegaron hasta la Contraloría para hacer la denuncia.
De no prosperar sus denuncias, presentarán un recurso de protección en los tribunales de Justicia.
Parlamentarios del PS y el PPD llegaron este lunes hasta las oficinas de la Contraloría General de la República para presentar un requerimiento en contra de la modificación que realizó el Ministerio de Salud del protocolo de la Ley de aborto en tres causales.
Ahora, la ley permite a clínicas y centros médicos que reciben dineros del Estado ser objetores de conciencia y oponerse a realizar abortos amparados en las tres causales aprobadas durante el año pasado.
Entre los parlamentarios del PS que presentaron el requerimiento se encuentran Isabel Allende, Álvaro Elizalde, José Miguel Insulza y Rabindranath Quinteros.
Al respecto, Elizalde, presidente del PS, comentó que "nos parece que esto es una mala práctica que expresa el decretismo (sic) administrativo, que es la tendencia del Gobierno de burlar el debate parlamentario modificando las leyes a través de decretos, algo que en otros países del mundo se ha denominado 'decretismo', que sin duda es una mala práctica, porque evita que de cara a la ciudadanía se resuelvan estos temas".
Los legisladores anunciaron además que, de no prosperar sus denuncias ante la Contraloría, presentarán un recurso de protección en los tribunales de Justicia.
Hoy en Contraloría, Bancada de Senadores PS presentó un requerimiento por el Protocolo de Objeción de Conciencia en la Ley de Interrupción del Embarazo por tres causales, para evitar el que las clínicas que reciben aportes del Estado, puedan acogerse a la objeción de conciencia. pic.twitter.com/GPacz2yiQk
— Isabel Allende Bussi (@iallendebussi) 2 de abril de 2018
PPD estudia recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos
En tanto, el senador del PPD Guido Girardi afirmó que "esta ley fue muy importante, fue aprobada en forma mayoritaria por el Congreso, se hizo una reglamentación, y por eso lamentamos mucho que finalmente lo que esté haciéndose con este nuevo reglamento es no reconocer los procedimientos democráticos, los procedimientos de mayoría y minoría".
"Lo que hay acá es que la objeción de conciencia es una situación excepcionalísima, si a nosotros no nos acogen este recurso, vamos a presentar un recurso de protección, pero ya estamos trabajando para ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos", añadió.
Por su parte, el contralor Jorge Bermúdez explicó que "el procedimiento es el siguiente: nosotros recibimos esos requerimientos parlamentarios, la semana pasada también se habían presentado otros, tenemos que pedirle ahora informes a las autoridades, en este caso al Ministerio de Salud, y luego la Contraloría va a expedir su dictamen".
"Lo que tenemos que hacer es, básicamente, revisar la legalidad de este cambio en el protocolo que se ha hecho por parte del Ministerio de Salud", agregó.
Oficialismo le bajó el perfil a requerimiento
Desde el oficialismo le bajaron el perfil a la postura de la Nueva Mayoría, como fue en el caso de la vocera de gobierno, Cecilia Pérez, quien indicó que el hecho de "que la oposición vaya a Contraloría es parte de las facultades que tienen en un Estado de derecho y sobre todo, en una democracia como en la que vivimos hoy día".
La presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, aseveró que "a mí me parece que están tratando de mezclar las cosas. Yo creo que es legítimo que una institución privada pueda tener la línea médica que estime conveniente".
"Nadie puede obligar a una institución a hacer intervenciones que no están dentro de su proyecto", recalcó.
La Contraloría tiene 80 días de plazo para emitir su dictamen.
