Diversas críticas desde la oposición y desde organizaciones sociales recibió la modificación del reglamento que regula la aplicación de la ley de aborto en tres causales, que en la práctica abre la puerta para que las clínicas puedan ser objetoras de conciencia y permitirles mantener convenios vigentes con el Estado, situación que el protocolo del gobierno anterior prohibía.

En la oposición hablaron de retroexcavadora, de motosierra, y también de deshonestidad, porque cuestionaron la aparente intención del Gobierno de llegar a acuerdos en diferentes materias, pero, en los hechos, por la vía administrativa se está modificando algo que se determinó por ley, transformando en norma general algo que era una excepción.

"Nos llama la atención la falta de honestidad con la que está actuando el Gobierno llamando a acuerdos nacionales, llamando al diálogo, desde la voluntad de no llegar con la retroexcavadora como dijeron en un momento, pero están haciendo todo lo contrario", dijo la diputada comunista Karol Cariola.

"Que el Presidente Piñera diga que es lo que pretende: ¿fortalecer el negocio de sus amigos de las clínicas o hacerse cargo del bienestar del derecho de las mujeres en nuestro país", añadió.

La diputada también disparó contra el Presidente Piñera: ¿Pretende "fortalecer el negocio de sus amigos de las clínicas o hacerse cargo del bienestar del derecho de las mujeres?"

[Lea también] Minsal: Las instituciones pueden ser objetoras del aborto y mantener contratos con el Estado 

Alertan de posibles problemas para mujeres de isapres

Pero esta luz verde que se le dio a las clínicas para ser objetoras puede afectar también a las mujeres afiliadas a las isapres, como lo explicó la directora ejecutiva de la Corporación Miles, Claudia Dides.

"En caso que sean mujeres que tengan prestaciones con isapres, cuando hacen convenios cerrados con clínicas, obviamente si esa clínica es objetora ellas no van a poder realizarse una interrupción en el marco de lo que dice su contrato, por lo tanto eso provoca una inequidad nuevamente y va a provocar que la mujer quede totalmente fuera de la posibilidad de ser atendida y eso va a significar que los hospitales se tengan que hacer cargo y la pregunta es quién va a pagar eso", dijo Dides.

Las diputadas comunistas Cariola y Camila Vallejo, además de otros parlamentarios de RD, anunciaron que pedirán a la Contraloría un pronunciamiento por la modificación del protocolo, que en sus opiniones, transgrede lo que se estableció por ley, aunque este cambio al reglamento se realizó por una resolución exenta de revisión de la Contraloría, por lo que está por verse si el ente regulador intervendrá en este asunto.

Con esta modificación al protocolo se hace más simple que las clínicas puedan ser objetoras de conciencia para abstenerse de practicar interrupciones de embarazo.

Antes debían presentar el acta de la reunión de directorio de la Clínica en la que se tomó la decisión, ahora solo se requiere la comunicación y la firma del representante legal de la clínica.

Antes también se pedía precisar porqué se negaban a practicar estas intervenciones y ahora no requiere expresión de causa.