Amnistía Internacional exigió al Gobierno poner a disposición de la niña de 11 años, embarazada producto de una violación, todas las opciones médicas y psicológicas, incluidos servicios seguros de aborto.
En un comunicado, la directora del Programa Regional para América de Amnistía Internacional, Guadalupe Marengo, declaró que "el Estado chileno es responsable de otorgarle todo el apoyo necesario (a la niña) mientras lidia con las horrendas consecuencias físicas y psicológicas de haber sido violada y haber quedado embarazada como consecuencia", incluyendo "la opción de servicios seguros, accesibles y legales de aborto"
Según la nota de IA, los Comités de Naciones Unidas de los Derechos del Niño, de la Tortura y de la Violencia contra las Mujeres, y la Organización Mundial de la Salud, entre otras organizaciones expertas, insisten en que se debe dar apoyo continuo a las víctimas de violación en la medida de sus necesidades, continúen o no con el embarazo.
"La criminalización del aborto constituye una brecha respecto del Derecho Internacional de los Derechos Humanos", insiste AI.
Chile es uno de los cinco países del mundo (sin contar El Vaticano) en el que está prohibido en cualquier caso el aborto. No se permite abortar ni en caso de violación, ni por malformación incompatible con la vida en el feto o riesgo de muerte para este o la madre.