"Es una forma de tortura y acá son al menos 170 mujeres las que no solo deben enfrentar un embarazo no planificado, (sino que) también largos juicios", comentó la diputada Camila Rojas.
La moción también incluye efecto retroactivo y eleva las multas a los laboratorios.
Un grupo de diputadas y diputados de oposición ingresó este miércoles al Congreso un proyecto de ley que busca facilitar el procedimiento para la reparación a las mujeres que quedaron embarazadas por culpa de anticonceptivos fallados.
Entre marzo y septiembre de 2020, el Instituto de Salud Pública (ISP), la máxima autoridad farmacológica en el país, alertó de que ocho lotes de seis píldoras distintas administrados en centros de salud públicos estaban defectuosos y ordenó su retirada del mercado.
Sin embargo, la institución volvió a permitir la distribución de una de las marcas, Anulette CD, tan solo una semana después de retirarlo, aludiendo a que las fallas eran visualmente detectables.
Más de 100 mujeres denunciaron embarazos no deseados por culpa de este medicamento, algunas de ellas menores de edad, según datos de Corporación Miles.
Muchas de las afectadas eran chilenas de escasos recursos a las que se les negó la posibilidad de abortar por no cumplir ninguna de las tres causales por las que se permite la interrupción voluntaria del embarazo en Chile: riesgo vital de la madre, inviabilidad fetal o violación.
"El embarazo forzado es una forma de tortura y acá son al menos 170 mujeres las que no solo deben enfrentar un embarazo no planificado, (sino que) también largos juicios debido a la legislación actual. Lo que queremos hacer es corregir esa situación, que se pueda llevar a cabo un juicio sumario, que es más simple, y establecer la presunción de causalidad, porque hoy son las mujeres afectadas las que tienen que demostrar que el embarazo es producto de los anticonceptivos fallidos, lo que es absurdo", explicó la diputada Camila Rojas (Comunes), autora de la moción.
"Por ello proponemos que en estos casos sean los laboratorios los que tengan que demostrar que no hay causalidad entre el anticonceptivo fallido y el embarazo de las mujeres afectadas", agregó la parlamentaria.
Junto a @camila_vallejo presentamos proyecto trabajado con @MilesChile para hacer frente a la situación de mujeres que quedan embarazadas tomando #AnticonceptivosFallidos. El embarazo forzoso es una forma de tortura. @MiguelCrispiS @MaiteOrsini @DocVictorTorres @Marce_Sandoval_ pic.twitter.com/vPtWDBZZnH
— Camila Rojas Valderrama (@Camila_RojasV) March 17, 2021
El proyecto también eleva de 1.000 a 2.000 UTM el monto máximo de multas que puede aplicar el ISP a laboratorios y establece el efecto retroactivo de la ley para aplicarla a los casos que se han detectado hasta ahora.
Cabe recordar que a finales de febrero, el ISP impuso una multa de 66 millones de pesos a los Laboratorios Silesia S.A. y Laboratorios Andrómaco S.A. por "sus responsabilidades en la distribución y fabricación" de Anulette CD, lo que fue calificado como "una burla" por la Corporación Miles.
Javiera Canales, directora ejecutiva de la ONG, aseguró que "ninguna de las afectadas ha sido oportunamente contactada por el servicio de salud pública para brindarle algún tipo de reparación. Son mujeres que han sido abandonadas completamente por el Estado y por sus centros de referencia de salud y este proyecto de ley podría significar algún tipo de ayuda en el corto plazo".
En ese sentido, la diputada Camila Vallejo (PC), coautora de la iniciativa, comentó que si bien se trata de casos aislados, estos son "sumamente graves, porque determinan todo un futuro, toda la vida de esas mujeres, porque traer un bebé al mundo no es una cuestión pasajera, es algo para la toda la vida y eso se produce por fallas de laboratorio que le fallaron a las mujeres, que le fallaron al sistema".
"Ya el hecho de someter a una mujer a llevar a cabo un embarazo no deseado es suficientemente graboso, como para obligarla además a llevar adelante un juicio que puede demorar hasta 10 años para una reparación ante esta negligencia gravísima", complementó la diputada Maite Orsini (RD), firmante de la iniciativa.
El diputado Víctor Torres (DC), miembro de la Comisión de Salud de la Cámara Baja y otro de los patrocinantes del proyecto, agregó que "el Estado chileno tiene la obligación de certificar el correcto funcionamiento de los medicamentos, y en este caso de las pastillas anticonceptivas, a través del ISP. Por esa razón es de toda lógica que si ha fallado en la fiscalización, también tenga que tener parte en la indemnización de esas mujeres afectadas".
