Diputado DC propone dar "libre movilidad" a afiliados si sufren la quiebra de su isapre

El jefe de la bancada de diputados DC, Eric Aedo, ingresará un proyecto de reforma constitucional para que el Estado garantice que, en la eventualidad de que una isapre quiebre, sus afiliados puedan elegir entre ir a Fonasa o a otra aseguradora.

Lo anterior, "manteniendo sus beneficios, planes y prestaciones y que sus problemas de salud no sean considerados como preexistencias", precisó el integrante de la Comisión de Salud, manifestando su preocupación porque la ley actual obliga a derivar a los cotizantes a Fonasa.

Se trata del segundo proyecto dado a conocer esta semana que se pone en el peor de los casos frente a la crisis que vive el sistema privado: el primero fue ingresado a la Cámara por Tomás Lagomarsino, quien plantea crear un régimen especial de cobertura en Fonasa, para recibir a afiliados afectados por eventuales quiebras.

Aedo subrayó que este declive en el rubro produciría "consecuencias muy graves, tanto para los usuarios de las isapres que desaparezcan, como para la gran mayoría de chilenos que están en Fonasa", el que en contraste "está colapsado y a él serían derivadas las personas que pertenecían a las aseguradoras que quiebren, lo que aumentaría las listas de esperas para consultas médicas, especialistas, tratamientos, cirugías, etcétera".

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En concreto, la iniciativa plantea que en el evento de que una isapre "no mantenga su continuidad durante el año 2023 y 2024, y con el objeto de asegurar el derecho a la protección de salud, el Estado garantizará la libre movilidad de los usuarios que se encontraren afiliados a éstas, garantizando el derecho de cada persona a elegir libremente el sistema de salud al que desee acogerse, sea éste estatal o privado".

"El ejercicio de este derecho en ningún caso podrá significar el abuso del mismo por parte de las entidades privadas", complementa el texto.

Por lo mismo, el diputado fustigó que el Ministerio de Salud busque "fortalecer Fonasa en caso que una isapre no continúe en operaciones", puesto que "creemos que esa no debe ser la única solución, sino que el Estado, cumpliendo con el mandato de la Constitución, debe también asegurar a los afiliados la libertad para decidir en qué sistema de salud continuar y que se le mantengan sus condiciones".