El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, el diputado Tomás Lagomarsino, presentó un proyecto de ley que crea un régimen especial de cobertura en Fonasa, para recibir a los cotizantes de salud privada cuyas isapres puedan declararse en quiebra.
"Ante una situación tan dramática y crítica" por la que pasan las prestadoras privadas de salud, señaló el parlamentario, es que "hemos elaborado este proyecto de ley que tiene como objetivo dar continuidad a las obligaciones contractuales y judiciales emanadas de fallos de la Corte Suprema sobre entrega de prestaciones en el caso de que una isapre quiebre sin haberse logrado licitar la cartera de afiliado, es decir, está declarándose desierta y, por tanto, caducándose el 100% de los contratos que éstas poseen".
La iniciativa contempla crear un régimen especial dentro de Fonasa "que hemos llamado grupo E, pero que en ningún caso tiene similitudes prácticas con los grupos tradicionales de Fonasa A, B, C y D", sostuvo el parlamentario.
"Es un régimen especial en la cual las personas que estuvieron afiliadas a una isapre que quebró, tienen que seguir pagando lo que establece su contrato y recibiendo las prestaciones establecidas en dichos planes firmados por los afiliados", aclaró.
El proyecto ya fue presentado esta semana al Ministerio de la Secretaría General de la Presidencial y al Ministerio de Salud, quienes se comprometieron a evaluarlo.
"No podemos quedarnos silenciosos, inmóviles ante el escenario que se está viviendo y que deja una preocupación día a día a más de 3 millones de chilenos y chilenas que no saben que van a hacer si una de sus isapres quiebra", reflexionó.
"NO ES LA SOLUCIÓN"
El proyecto no fue visto con buenos ojos por la exsubsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, quien aseguró que "eso no va a solucionar los problemas de salud que hoy día tenemos desde el punto de vista de listas de espera, tanto en cirugía como en atenciones de especialidades como en el GES".
"Por lo tanto, pensar que porque se va a crear otro fondo especial que las personas que estén en las isapres accedan a ese fondo y tengan que dar respuesta en el sector público, la verdad es que no es la solución", agregó.
Manuel Inostroza, exsuperintendente de Salud, dijo que "esto sería un proyecto que partiría desfinanciado, porque si el gobierno deja caer el sistema isapre y no interpreta el fallo judicial, lo que está diciendo es que acepta que las tablas de factores de riesgo que se deben aplicar tendrían un desfinanciamiento crónico y permanente del 10 por ciento, eso equivale a 3.500 millones de pesos de déficit".
PREOCUPACIÓN EN LAS ISAPRES
Desde la Asociación de Isapres, Gonzalo Simón comentó que "la decisión que tome la Superintendencia de Salud va a determinar si continúan o no las isapres y con esto la cobertura que han recibido más de tres millones de afiliados".
"Si la autoridad opta por inhabilitar operativamente a las isapres, no solo será al contrario de lo dispuesto por la Corte Suprema, también se causaría un daño irreversible a la red completa que atiende a la mitad del país, impactando en cadena a prestadores, médicos, afiliados y especialmente a quienes sufren problemas de salud", precisó.
Simón manifestó que "los plazos apremian y no vemos que el gobierno esté ponderando el peligro de una crisis sanitaria de esta magnitud".