Según el economista del Foro por un Desarrollo Justo, apostaron por "ganar plata a partir de las alzas, pagar muy lentamente la deuda y, después, lo que Dios quiera".
"La solución es súper simple: establecer un monto mínimo de devolución por afiliado", opinó Claudio Agostini, profesor de la UAI.
"Si uno mira la actitud de ellas a mí me tiene muy sorprendido, porque es como que ellas quisieran suicidarse frente a la opinión pública", dijo este jueves, en El Primer Café, el economista Eugenio Rivera, del Foro por un Desarrollo Justo y Sostenible, sobre los planes de devolución de los cobros en exceso que enviaron las isapres a los afiliados.
El también director del Programa Económico de la Fundación Chile 21 planteó que, "si bien es cierto que tenían un plazo de 13 años, lo lógico habría sido que, por ejemplo, las pequeñas deudas las pudieran haber resuelto de una manera más rápida; en general, haber tenido una cierta empatía respecto a los sectores medios que están atendiéndose con el sector de las isapres. Eso parece que no les importa en absoluto".
"Me hace pensar que hay una especie de intención de suicidarse, porque ganar plata en los próximos dos o tres años a partir de las alzas de planes, pagar muy lentamente la deuda y, después, ver que pase lo que Dios quiera, por así decirlo, me extraña un poco. No veo como que haya un intento de un proyecto de largo plazo", enfatizó.
Rivera añadió que "las legislaciones, obviamente, son lo que determina lo que hoy día está sucediendo, pero hay que recordar también que la derecha y sobre todo las isapres, con una tremenda campaña comunicacional, desarrollaron toda una política que, de alguna manera, puso contra las cuerdas al sistema político: si ustedes no hacen algo, si no resuelven este problema, todos vamos a quebrar y va a haber problemas para el sistema público también".
"Este sistema está cayendo un poco por su propio peso. El sistema privado, una de las grandes innovaciones del régimen militar, efectivamente está colapsando y lo que tenemos crecientemente es que es un sistema público que tiene la posibilidad -de hecho, atiende al 90% de la población-, está generando nuevos planes, nuevos sistemas para hacer lo que las isapres no pudieron hacer", indicó el economista de Chile 21.
En ese sentido, sugirió que, "quizás, de formas inesperadas, estamos llegando a identificar cuál es la solución de fondo: un sistema de salud integrado, que integre la infraestructura pública y privada y un sistema de financiamiento en torno a Fonasa. Yo creo que ese es el camino de solución de largo plazo y, en ese sentido, paradojalmente, estamos avanzando en esa dirección".
El caso de las devoluciones ha provocado duros cruces entre el Gobierno y el Congreso, dado que nadie quiere asumir el costo político por las consecuencias de la ley corta impulsada por el Ejecutivo y aprobada por el Legislativo.
"Mi mayor preocupación va en que el Parlamento haga algo de autocrítica respecto a cómo legisla", opinó el economista Claudio Agostini, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez.
El exvicepresidente de la Empresa Nacional de Minería (Enami) recordó que "había un Consejo Consultivo para el tema que advirtió esto y sugirió que hubiera un monto mínimo de devolución; o sea, se mantenían los 13 años, pero había un monto mínimo y, por supuesto, a algunos eso les implicaba que les iban a devolver en menos de 13 años. Eso se desoyó y hoy día los que lo desoyeron dicen 'qué terrible lo que pasó'".
"A lo mejor es mucho esperar autocrítica, pero uno sí se pregunta, entonces, cómo se legisla", acotó Agostini, quien aseguró que, "independiente de si la Superintendencia (de Salud) usa sus atribuciones o que se haga una nueva ley, la solución es súper simple: establecer un monto mínimo de devolución por afiliado".
Por su parte, el economista Carlos Ominami (Partido Socialista), exministro de Economía, afirmó que le "llama la atención que no se asuman las responsabilidades" tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo.
"Por el lado del Gobierno, (debe) haber hecho claramente las simulaciones de qué es lo que iba a significar para la gente el mecanismo de devolución y, por otro lado, también el propio Parlamento. El Parlamento también tiene que hacerse cargo de su propia responsabilidad. Fueron ellos, finalmente, los que votaron esta ley y tengo la sensación de que por una amplísima mayoría, todo esto a partir también de una gran campaña que hicieron las isapres, que tenía algo de chantaje", sostuvo.
Advirtió que el caso "es bien lamentable, porque, finalmente, es la fe pública la que está sufriendo. Hay mucha gente que se siente hoy en día completamente estafada por esta ley".
A su vez, la economista senior de Libertad y Desarrollo, Macarena García, apuntó que "esta es otra muestra más de las cosas que pasan en el Congreso".
"Los que legislaron tienen que ser los responsables; la tienen el Gobierno y el Parlamento. No puede ser que ellos no se hayan dado cuenta o, entonces, no se preocuparon de tener toda la información a mano. Esto me recuerda a lo que también pasó con el alza de las tarifas eléctricas (...) ¿Dónde estaban? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué no vieron?", reprochó la profesora de la Universidad Católica.
García subrayó que "más que buena o mala fe (de las isapres), la ley dio espacios y los espacios se tomaron. Si la legislación permite que esto pase, entonces, no hay nada que decir, porque esto está de acuerdo a la legislación nomás".
Si es que ellos (los legisladores) esperaban que pasara otra cosa, debieron haberla dejado de alguna forma estipulada en la legislación. La legislación no puede esperar a que se haga en base a las expectativas, lo que se espera o la fe de algunos. La legislación tiene que ser clara para generar los incentivos adecuados. Si no es clara y es abierta y así de difusa, bueno, se tomaron (los espacios)", concluyó.
