"La sentencia de la Corte Suprema debe cumplirse. Eso no se discute, pero tenemos la convicción de que aquí no ha habido cobros indebidos", aseveró Gonzalo Simon, presidente del gremio.
El dirigente expuso ante la Comisión del Salud del Senado.
En pleno proceso de escucha se encuentran los integrantes de la Comisión de Salud del Senado luego de conocer la semana pasada el ingreso del proyecto de ley corta del Gobierno que busca dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema que obliga a las isapres pagar a sus afiliados montos asociados a cobros excesivos desde 2019 y aplicar una tabla única de precios.
En la jornada de ayer, los legisladores conocieron detalles de la propuesta en la voz del director de Fonasa, Camilo Cid, dado que el miércoles la ministra de Salud, Ximena Aguilera, y el superintendente del ramo, Víctor Torres, abordaron lo relativo a la devolución que deberán hacer las aseguradoras.
A la sesión de hoy fue invitado el presidente de la Asociación de Isapres de Chile, Gonzalo Simón, quien aseguró ante los senadores que el gremio no ha cobrado indebidamente a sus afiliados, sino que se ha ajustado a las tablas de factores que habían sido ya visadas por la autoridad.
"La sentencia de la Corte Suprema debe cumplirse. Eso no se discute, pero tenemos la convicción de que aquí no ha habido cobros indebidos, sino un cambio de criterio que, en este caso, implica devoluciones", aseveró el dirigente.
Respecto a la ley corta del Ejecutivo, que el gremio ya calificó como "un engaño", Simon advirtió que, "si en mayo sale el proyecto tal como está presentado, en septiembre está cerrado el sistema de isapres".
Según el líder de las aseguradoras, "da lo mismo el plazo de pago: a 30 años igual el déficit anual sería de 435.000 millones de pesos por el periodo de 30 años (...) si nosotros eliminamos los gastos de administración, se va el gerente y todo el personal de las isapres, aunque cerremos todos los locales, el sistema queda en pérdida igual".
"Las variables a través de las cuales se pueden hacer los cambios para alcanzar los equilibrios son los que están previstas en la ley: o precio base o tabla de factores", agregó.
La iniciativa, ingresada el martes pasado, busca establecer un mecanismo que fije los precios de los planes de salud y faculta a la Superintendencia de Salud, la autoridad que fiscaliza a las aseguradoras, para que defina hasta junio cómo se aplicará el fallo del máximo tribunal.
El viernes, y tras la fuerte discusión que suscitó el dictamen, el máximo tribunal informó que amplió por seis meses el plazo para su cumplimiento.
La Asociación de Clínicas confirmó esta mañana en Cooperativa que la deuda de las isapres llega a los 500.000 millones de pesos y advirtió que la crisis puede llevar al cierre de centros de salud privados, especialmente en regiones.
La postura de Simon fue respondida por la ministra Aguilera, quien cuestionó que "no existe una lectura explícita de cómo interpretan el fallo la Asociación de Isapres", sino que "simplemente se ha abundado respecto al dilema que implica el cumplimiento, cosa con la que nosotros coincidimos, por lo cual estamos presentando un proyecto de ley".
"Pero ustedes no hacen ninguna propuesta concreta, más bien esperan que el Ejecutivo o el Legislativo solucionen el tema sin que ustedes aporten y ni siquiera se abran al tema que le plantean los mismos senadores de los costos de administración, de cómo van a hacer más eficiente el gasto del sistema dada la situación en la que se está viviendo", criticó la líder de la cartera de Salud.
En la sesión de hoy la Comisión de Constitución acordó oficiar al Servicio Electoral (Servel) para que revele qué políticos fueron financiados por isapres cuando las empresas tenían permitido hacer aportes. Esto, tras una solicitud del senador Juan Ignacio Latorre, timonel de Revolución Democrática e integrante de la instancia.
"Parte del problema es la inacción legislativa, y mi hipótesis es que parte de la inacción legislativa tiene que ver con recursos vinculados a campaña. No solo una defensa ideológica del modelo, sino que compromiso financiero", explicó el parlamentario.
Aseguró que "sería interesante saber también, por transparencia, los aportes a campañas parlamentarias y de candidatos presidenciales por parte de las isapres".
Finalmente, sobre el proyecto alternativo aprobado la última jornada, la senadora Ximena Rincón criticó que el Gobierno no ha leído la iniciativa y expresó que le preocupa que las autoridades del Minsal hablen de anular un fallo y que se hable de un "perdonazo, tampoco presente en el proyecto. Lo decimos acá, no pudiendo ser el nuevo precio superior al que tiene vigente a dicha fecha, por lo tanto no lo puede subir".
"Nosotros no hemos dicho en ningún minuto que es viable, nosotros lo que estamos diciendo es que esta reforma da certeza, tiene que aplicarse a todos y no está basada en un fallo judicial, sino que en una norma constitucional, es que tienen que pagar", añadió.
