La Sala del Senado despachó este jueves el proyecto de reajuste salarial de 4,3% para los empleados del sector público, incluyendo los artículos de normas misceláneas, entre ellos, el que se refiere al Indicador de Costos de la Salud (ICSA), que permite a las isapres adelantar a marzo de 2024 el aumento anual en el valor de sus planes.
La medida impulsada por el Gobierno pretende mitigar el impacto en los ingresos de las aseguradoras privadas de la aplicación del fallo de la Corte Suprema sobre las Garantías Explícitas en Salud (GES), que ya está siendo implementado y entrará en vigencia en enero próximo.
Si bien senadores de derecha solicitaron votar esta norma por separado, cuya inclusión en el proyecto de reajuste fue ampliamente criticada en la Cámara, finalmente fue aprobada dentro del mismo paquete y de manera unánime.
Lo anterior, después de que el Gobierno se comprometiera a ingresar en septiembre de 2024 el ingreso de su reforma al sistema de salud, lo cual estaba previsto para marzo de 2025.
La ministra de Salud, Ximena Aguilera, puntualizó que lo relevante, "primero, (era) garantizar este reajuste que sabemos que no resuelve totalmente la reducción de ingresos que van a tener, que es en cumplimiento de la sentencia por el exceso de cobro que habían tenido, y que además necesitamos aprobar la ley corta que está desde hace bastante tiempo en el Senado".
INQUIETUD PARLAMENTARIA
La senadora Ximena Rincón (Demócratas), quien defendió el artículo del ICSA, aseveró en la Sala que "si el sistema colapsa, no va a colapsar para el nefasto empresariado de este país, va a colapsar para hombres y mujeres que necesitan atención de salud".
"Si el año pasado murieron 30 mil personas en lista de espera del sector público, no quiero llegar a imaginar cuál va a ser la cifra el 2024 si este tema no se resuelve. Ése es el deber de este Parlamento: resolver los problemas, y no trenzarnos en una discusión absurda de recriminaciones que no se hacen cargo de un drama", emplazó la ex-DC.
Aunque también votó a favor, el independiente Karim Bianchi dio cuenta de una atención en el sistema privado -específicamente en Red Salud- para graficar su inconformidad con la medida.
"Acá tenemos un negocio: la Cámara Chilena de la Construcción es dueña de ILC, que es una empresa copropietaria de AFP Hábitat, de isapre Consalud, con convenio con SalcoBrand (la farmacia que después le vende el remedio), de Red Salud, del Banco Internacional, de la Caja Los Andes, de OTEC, de colegios y un sinfín de negocios paralelos, con una integración vertical, horizontal y para todos lados", reprochó.
El parlamentario subrayó que "las isapres nos robaron, y el mensaje de fondo que está entregando el Congreso es que si eres poderoso, eres impune. Lo que se está haciendo es que los afectados tengan que pagar su propia indemnización".
CLÍNICAS PIDEN RENEGOCIAR CONVENIOS
En paralelo, Clínica Dávila y Clínica Santa María, ambas pertenecientes al grupo United Health, han solicitado a todas las isapres renegociar los convenios vigentes para garantizar los pagos que les corresponden.
A través de una carta enviada a las aseguradoras, dijeron estimar que esta crisis puede "repercutir en los prestadores privados con efecto directo en los miles de pacientes que se atienden con nosotros".
Al respecto, el senador Francisco Chahuán (RN) recalcó durante el debate que "existe una deuda por parte de las isapres a los prestadores institucionales privados de cerca de 650 mil millones, una deuda cuantiosa".
"Los términos de convenio que pudieran tener estos seguros privados de salud con los laboratorios clínicos o las clínicas privadas pueden generar que, cuando un afiliado del seguro privado vaya a un prestador institucional privado, a una clínica, tenga que pagar el costo total del examen o del tratamiento médico, y buscar un reembolso eventual. Eso puede significar una situación crítica", alertó el opositor.
Consultado por ese eventual escenario, el superintendente de Salud, Víctor Torres, dijo que "sobre esa situación nosotros no tenemos atribución porque efectivamente es parte del acuerdo que tienen las isapres con las clínicas, pero las coberturas, que son parte de los contratos que tienen las isapres con las personas, sí nosotros podemos supervigilarla y es lo que vamos a hacer".
"Lo que nos importa hoy día, habiendo ya sacado este proyecto de ley que da mejores condiciones, es que las isapres cumplan con aquellos contratos que tienen con las personas y esperamos también que las isapres puedan valorar la situación y poder actuar en consecuencia cada vez que dicen que también para ellos el interés son las personas. Aquí vamos a ver realmente si eso es así", concluyó.
