La Fiscalía decidió abrir una nueva arista en la investigación por emisión de licencias médicas falsas: al grupo de médicos ya formalizados por este delito en diciembre pasado se sumarán prontamente quienes las adquirieron de modo fraudulento.
Según El Mercurio, el Ministerio Público está indagando penalmente siete casos: cuatro en Antofagasta, uno en Pozo Almonte, uno en Villa Alemana y otro en Nogales, todos vinculados con los médicos ya imputados.
Uno de ellos corresponde a una trabajadora dependiente que compró -entre noviembre de 2021 y agosto de 202- un total de 11 licencias falsas, logrando un reposo efectivo de 330 días y defraudar al fisco por más de 6 millones de pesos, que fueron pagados por el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) mediante el Subsidio de Incapacidad Laboral (SIL).
Para hacer frente a este tipo de delitos, el Consejo de Defensa del Estado (CDE), en representación de Fonasa, presentó esta semana una primera querella contra los compradores: son acusados de los delitos de obtención de licencias médicas falsas y obtención fraudulenta de prestaciones, con un perjuicio cercano a los 39 millones de pesos.
Los siete querellados tenían diagnósticos asociados a trastornos mentales y del comportamiento, patologías que son -según consigna la acción penal- "las más utilizadas por los médicos que emiten masivamente licencias ideológicamente falsas, debido a la dificultad para los organismos fiscalizadores para verificar la veracidad o falsedad".
Para avanzar en más querellas, el Comité Penal del CDE está considerando las licencias de más de 250 días de reposo, el monto del perjuicio fiscal involucrado y la relación con los grandes emisores -ya formalizados- de estos documentos.
Adicionalmente, el CDE dice haber presentado otras 56 acciones penales contra 99 médicos. Las indagatorias por obtención fraudulenta de subsidios improcedentes comprometen un monto cercano a los 700 millones de pesos.
QUERELLAS DE ISAPRES
En paralelo, el fiscal Rodrigo Mena, de la Fiscalía Metropolitana Oriente, lidera una investigación contra cerca de 200 afiliados denunciados por las isapres.
En este caso, las isapres, entre ellas Banmédica y Vida Tres, han invocado el artículo 202 del Código Penal, que establece un catálogo de conductas que permiten sancionar tanto al facultativo que emite estas licencias como a quienes las obtengan o tramiten.
A eso se suma el artículo 168 del Decreto con Fuerza de Ley del Ministerio de Salud (2005), que castiga a quienes obtengan, mediante simulación o engaño, beneficios que no le corresponden legalmente.
"Son la piedra angular para completar el esquema delictivo, siendo esta situación una expresión del negocio ilícito que, por esencia, importa el aprovechamiento de la apariencia de legalidad ofrecida por la actuación de un profesional de la salud y la creación de antecedentes falsos que simulan la realización de prestaciones médicas efectivas", dijo a El Mercurio Florencia Díaz, abogada de las isapres, sobre la importancia de seguir penalmente a los afiliados.
