El legislador, doctor de profesión y otrora líder del Colegio Médico, es querellante en la causa, en la que la Fiscalía formalizó ayer a 30 imputados.
El diputado Andrés Celis (RN) quiere que el CDE "logre que estos profesionales sin ética restituyan lo defraudado", y pidió citar al director de Fonasa al Congreso.
Desde el Congreso, el senador Juan Luis Castro (PS) afirmó que pedirá la deportación de que los facultativos extranjeros que están involucrados en el caso de licencias médicas falsas, marco en el cual la Fiscalía Metropolitana Oriente formalizó ayer a los 30 imputados, siete de los cuales quedaron en prisión preventiva.
El legislador, doctor de profesión y otrora presidente del Colegio Médico, se hizo parte de la causa con una querella que presentó como persona natural. "Amparados en las penas sustitutivas que la ley establece, estamos solicitando como querellantes que se les expulse del país, rápidamente como pena sustitutiva a cualquier condena en Chile, dado que constituyen un peligro para las sociedad".
En la Cámara Baja, en tanto, el diputado Andrés Celis (RN), enfatizó que los acusados "deben ser juzgados con todo el rigor de la ley chilena, y que el Consejo de Defensa del Estado logre que estos profesionales sin ética restituyan lo defraudado".
El parlamentario, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara, comunicó que "solicitó a la instancia que se cite al director de Fonasa para que informe sobre las investigaciones a raíz del caso".
En ese sentido, el director del Fondo Nacional de Salud, Camilo Cid, relevó que "la formalización da muestras claras de los esfuerzos que estamos haciendo por impedir este tipo de delitos, que dañan los recursos públicos y los de Fonasa en particular, impidiendo que ellos lleguen a las personas que más los necesitan".
"Fonasa ha estado colaborando junto a otras instituciones desde el comienzo, y seguiremos prestando nuestro apoyo para llegar al fin de estos hechos", remarcó.
De acuerdo con los antecedentes que expuso la Fiscalía en la audiencia, en los últimos tres años, a julio del 2022, el perjuicio fiscal provocado alcanzó más de 700 mil millones de pesos, equivalente al 25% del presupuesto de Fonasa para pagar licencias.
A su turno, el abogado Davor Harasic, representante de la Asociación de Isapres en la causa, apuntó que el gremio aún está analizando el perjuicio que ha representado la mala práctica de los 30 imputados.
"Estamos haciendo los estudios pertinentes, y no es fácil hacerlo porque en el caso de la Asociación son seis isapres las que pertenecen, y hay que hacer un análisis por cada una. Pero estamos haciendo los estudios pertinentes y esperamos tenerlos a la brevedad. Creemos que son también miles de millones de pesos", dijo.
En tanto, el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que también es querellante, valoró las cautelares de prisión que consiguió la Fiscalía.
"Esta formalización y prisión preventiva decretada demuestra que vamos en el camino correcto, porque el Consejo de Defensa del Estado ha trabajado coordinadamente con todas las autoridades relacionadas con el sector de salud, con el propósito de atacar estos grupos organizados y, por supuesto, evitar que se siga defraudando una política pública tan importante como es la protección de la salud y el subsidio a la incapacidad laboral", destacó el presidente del CDE, Juan Antonio Peribonio.
La Fiscalía imputó los delitos de asociación ilícita, lavado de activos y fraudes a las subvenciones de salud estatales a la treintena de acusados, de los cuales los 23 restantes quedaron sujetos a cautelares menos gravosas, como arresto domiciliario total y arraigo nacional.
