El Instituto de Salud Pública (ISP) presentó este miércoles una demanda ejecutiva en el Tribunal Civil de Santiago en contra de las cadenas Farmacias Ahumada y Cruz Verde.
Según explicó el director del organismo, Álex Figueroa, la acción judicial obedece a que ambas firmas deben más de 1.570 millones de pesos correspondientes a multas por incumplimientos de la Ley de Fármacos en lo referido a la llamada "canela", mecanismo prohibido de incentivo económico a los dependientes para la venta de medicamentos más caros y adicionales a los requeridos por los pacientes.
"Ésta es una señal donde le decimos al país que nadie está por sobre la ley, que la ley está hecha para cumplirse, que queremos proteger la salud de la gente y que es un deber de la autoridad el garantizar el acceso a medicamentos seguros, eficaces y de calidad", dijo Figueroa.
El senador del PPD Guido Girardi, quien acudió junto a la autoridad al tribunal civil, expresó su molestia frente al actuar de las señaladas cadenas: "Obligan a los vendedores a cometer una falta ética y una falta legal, que es una estafa a las personas", dijo.
"Hacen lo que quieren las farmacias en este país: no tienen lista de precios, no cumplen con la ley, no pagan las multas... Yo considero que ya esto tiene un límite", agregó el ex presidente del Senado.
Esta polémica sale al tapete justo cuando la implementación de "farmacias populares" -inauguradas por Recoleta y con una próxima versión en San Ramón- ha puesto en debate el alto precio que se paga por los medicamentos en las grandes cadenas.
Consultadas las compañías en cuestión, dijeron estar evaluando una respuesta oficial.