Una resolución del Ministerio de Salud reveló que la titular de la cartera, Carmen Castillo, finalmente resultó beneficiaria del bono al retiro por un monto de 80 millones de pesos, los que recibiría tras el cambio de mando.
Sin embargo, y ante las críticas que generó esta información, el Gobierno aseguró que Castillo no se acogerá a este bono, según dijo hoy la ministra subrogante, Gisela Alarcón.
Alarcón explicó que "más que una postulación, lo que sucedió acá es que los procedimientos administrativos siguieron su curso y siguieron su curso con todos los funcionarios que ya habían postulado en una oportunidad, y nosotros no diferenciamos si es ministra o no es ministra, si está en el Ministerio de Salud, si está en Cenabast, si está en el ISP o donde esté".
"Por lo tanto, no se hace esa diferencia y finalmente cae en este grupo (de beneficiarios) en el que ella tiene plazo hasta el 28 de febrero para renunciar y esa renuncia la va a hacer efectiva, probablemente, apenas vuelva (...) sé que ella va a cumplir su compromiso", agregó la autoridad.
La ministra subrogante afirmó "que el argumento que ella tiene para renunciar al bono es pensar que esto pudiera malinterpretarse, dado que la renta es una renta muy por sobre lo que tiene un funcionario promedio".
Cuestionan conflicto de interés
El diputado socialista Juan Luis Castro señaló que es importante avanzar en medidas que eviten este tipo de conflictos de interés. "A lo mejor puede ser legítimo y legal, pero del punto de vista de tentación de que se beneficie con un bono al retiro cuando todos sabemos que el retiro se produce el 11 de marzo si o si ¿de qué incentivo estamos hablando?".
"¿Qué hubiera pasado si esto no hubiera saltado al tapete y no se pesquisa que de nuevo se había ido a presentar la misma opción de recibir este bono? Esto no ha sido bien evaluado por la gente, más allá de las excusas que se den, porque en un minuto se hizo una promesa y esa promesa no se cumplió", añadió el legislador.
La situación también fue criticada por el presidente de Chile Transparente, Alberto Precht, quien indicó que "uno esperaría que los ministros de Estado no tramitaran beneficios y no fueran beneficiarios de políticas propias de su cartera".
A los cuestionamientos se sumó el presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, quien apuntó que "primero, un ministro firma un proyecto de ley, lo tramita durante toda su etapa legislativa, esto va a quedar en los anales de la historia como uno de los más evidentes y flagrantes casos de conflictos de interés, donde el deber de abstención que ella debió haber cumplido no se realizó".
En octubre del año pasado estalló una polémica luego de conocerse que Castillo había postulado al beneficio y, ante la controversia, la secretaria de Estado defendió sus "más de 30 años de servicio en el sector público de salud", que la hacían cumplir con todos los requisitos, sin embargo, luego se retractó y dijo que no postularía.
Esto finalmente no ocurrió. En un documento firmando el 29 de diciembre del año pasado por el subsecretario Jaime Burrows, volvió a aparecer Castillo como postulante al beneficio de la Ley de Incentivo al Retiro.