En el cierre de su gira por la Región de Atacama, el Presidente José Antonio Kast salió al paso este viernes de la controversia surgida tras los dichos de la ministra de Salud, May Chomali, quien marcó distancia de la propuesta del Gobierno que busca obligar a instituciones públicas a reportar a migrantes en situación irregular.
Se trata de una indicación ingresada en el marco del proyecto de ley que perfecciona el procedimiento de expulsiones administrativas -actualmente en segundo trámite en la Comisión de Gobierno del Senado-, y busca aprovechar todo tipo de contactos entre estas personas y el Estado para identificarlas y proceder a expulsarlas.
"Todo órgano de la Administración del Estado, institución u organismo previsional o de salud público o privado, o establecimiento de educación público o privado, estarán obligados a entregar a la autoridad administrativa migratoria y contralora los antecedentes que éstas requieran", reza la moción.
De este modo, instituciones como Fonasa, isapres y AFP, al igual que hospitales, consultorios y establecimientos educacionales, deberían informar "el domicilio, teléfono, correo electrónico y demás datos pertinentes, respecto de extranjeros que sean objeto de procedimientos migratorios en tramitación".
La indicación no solo ha causado reparos en la oposición, sino que también en el mismo Gobierno: el superintendente de Salud, Fernando Riveros, relevó en Cooperativa este viernes que, bajo el actual ordenamiento jurídico, los datos clínicos son "sensibles y confidenciales".
Poco después, coincidió con el regulador la ministra Chomali: "Esa información se está entregando en el contexto de una atención sanitaria, y está resguardada por el Código Sanitario y por la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes, y eso lo vamos a defender absolutamente", subrayó en Radio T13.
La respuesta de Kast
El Presidente Kast aseguró compartir la preocupación por la atención médica, pero enfatizó que la prioridad es recuperar el control sobre quiénes habitan el territorio nacional.
"Lo que está muy bien resguardado siempre son los derechos de los pacientes. Nosotros no estamos y nunca dudaríamos de que hay que dar la atención médica de urgencia", sostuvo el Mandatario desde la loza del aeropuerto de Copiapó.
Sin embargo, precisó que, ante personas no identificadas en centros de salud, "necesitamos algún grado de alerta, no para no atenderlos, sino porque tenemos que ir teniendo información sin quitarle la atención médica de urgencia a nadie".
El Jefe de Estado señaló que "esto también podríamos hacerlo de una manera distinta, sin pasar a llevar ninguna Ley del Paciente", y propuso como alternativa "restablecer una presencia policial en cada uno de los servicios de salud para que las personas se vayan identificando antes de entrar".
"Lo que buscamos es que la situación se ordene y que sepamos quiénes están en Chile. Vamos a ir paso a paso avanzando. En algunas materias, si existen dudas, las vamos a aclarar; si en alguna indicación hay algo que resolver, lo vamos a resolver. Lo importante es la meta a la cual queremos llegar, que es el orden en nuestra patria y que las personas que han ingresado irregularmente tengan claro que van a tener que abandonar el país y volver a solicitar la entrada para entrar por la puerta", remarcó Kast.
Y sentenció: "La migración tiene colapsados a varios de nuestros servicios en temas de seguridad, salud y educación".
Ante esto, el senador socialista Juan Luis Castro cuestionó: "Se van a usar datos privados y sensibles para entregarle información al Estado respecto de esas personas; cuidado. En esto, la ministra de Salud ha sido clara y la apoyo, porque no se puede, en aras de la seguridad del país, violar derechos humanitarios básicos respecto de personas que están en Chile y que tienen que regularizarse o irse, pero no quitar esos elementos básicos que la sociedad chilena nunca ha negado".
En tanto, su par de RN Andrés Longton afirmó que "debe estar todo (el conjunto de datos) alojado en el Registro Civil para evitar conflictos futuros que tienen que ver con datos sensibles o de otra especie, que claramente es más complejo de entregar por parte de organismos de salud y educacionales".
Reordenamiento carcelario y Punta Peuco
Durante la ronda de prensa, Kast ratificó que su Administración está evaluando el futuro de centros penitenciarios como Punta Peuco, la cárcel destinada desde 1995 como prisión especial y privilegiada para los criminales de lesa humanidad de la dictadura (1973-1990) y que el año pasado el expresidente Gabriel Boric (2022-2026) transformó en un penal común.
"Estamos en un proceso de reordenamiento de todo el sistema carcelario y penitenciario. (...) Claramente, no comparto la medida que tomó el Presidente Boric", afirmó el actual Mandatario, que añadió que "los reglamentos penitenciarios permiten que la autoridad reordene la situación y que personas que tienen condena por distinta índole puedan ser separados" según sus crímenes.
Kast criticó, en esa línea, la gestión penitenciaria de su antecesor y tachó la inauguración de la cárcel La Laguna, situada en Talca, como una "pseudoinauguración" que "estuvo bastante tiempo sin internos".
"En temas de políticas penitenciarias, no comparto varias de las medidas que tomó el Presidente Boric y algunas de esas van a cambiar", advirtió.
Defensa de plan de seguridad
Consultado por los dichos de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, quien en una entrevista radial manifestó su sorpresa ante la exigencia de un plan de seguridad "estructurado y concreto", Kast respondió que están "avanzando en cada una de las propuestas" del programa de Gobierno.
"Los resultados están siendo mostrados a la ciudadanía en temas de confiscación de drogas, cierre de fronteras, control carretero y operativos policiales (...) Nosotros vamos a ir mostrando resultados", aseveró.
El Mandatario recordó que "se han presentado distintos planes en Gobiernos anteriores en distintas áreas y ninguno de ellos se ha cumplido", y puso como ejemplo "el plan de aumento de dotación de Carabineros: todos los Gobiernos anteriores señalaban que iban a aumentar la cantidad de plazas de Carabineros. ¿Cuál es la realidad? Que cada día tenemos menos Carabineros porque ingresan menos jóvenes a la institución y egresan muchas personas que cumplen los años de servicio para poder retirarse".
"Nosotros —continuó Kast— estamos haciendo algo concreto: estamos potenciando la formación de escuelas para postulantes a Carabineros; estamos viendo cómo mejorar las condiciones económicas de las fuerzas policiales de acuerdo a la holgura financiera que podamos tener, siempre resguardando y respaldando a nuestras fuerzas policiales".
En esa línea, el Jefe de Estado sostuvo que "por mucho tiempo se denostó a las fuerzas policiales; eso en nosotros no lo van a ver nunca: siempre vamos a estar respaldando a nuestros Carabineros".
"Eso no requiere un plan; es una actitud permanente de darle las gracias a los funcionarios que exponen la vida por nosotros día a día", arguyó.
La polémica de Steinert
El conflicto escaló luego de que Steinert admitiera en Radio Agricultura: "Hay aspectos que han sido más duros, más complejos, yo lo hablaría en esos términos, y que me llaman la atención, por supuesto, pero nada que no sea abordable. O sea, se puede seguir adelante con mayor cautela en algunos temas, como, por ejemplo, esta demanda que yo no me esperaba, de la exigencia de un plan de seguridad estructurado, concreto".
Esta declaración fue interpretada por diversos sectores como una falta de preparación frente a la crisis de delincuencia que afecta al país.
Desde la Democracia Cristiana, el senador Iván Flores señaló que "es increíble que una ministra de Estado que tiene en su haber y en su responsabilidad tal vez el tema más importante para la ciudadanía como es la seguridad (...) no sepa que tiene que presentar y tener un plan formado y estructurado. Ya no dan molestia; están dando penita, de verdad".
Por su parte, el diputado socialista Raúl Leiva calificó como "inconcebible que la ministra de Seguridad Pública desconozca un mandato imperativo que establece la ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública, la 21.630, que en sus artículos 3 y 4 establece la obligación de diseñar e implementar políticas, planes y programas en materia de seguridad".
"Eso da cuenta de la improvisación, la falta de conocimiento y la capacidad para gestionar un ministerio tan importante como es el de Seguridad", añadió el parlamentario.
El senador Longton, por su parte, recordó que "el Decreto 96 de enero de este año ya estableció por mandato de la ley un plan de seguridad de seis años, porque esta es una política de Estado".
"La ministra podrá poner mayor, menor énfasis o hacer algunos cambios, pero la política nacional de seguridad pública ya está dictada, se tiene que ejecutar de acuerdo obviamente a las prioridades de este Gobierno", apuntó el militante RN.
En tanto, Steinert utilizó sus redes sociales para blindar su gestión y responder a las críticas de contenido, afirmando que "el plan existe, fue presentado al Senado y a la Cámara de Diputados" y "se está formalizando por escrito en plazos sin precedentes".
"Mientras tanto: en 60 días, 7.000 detenidos, más de 40 toneladas de droga incautadas y la mayor incautación de marihuana en 25 años. Eso es plan en acción", publicó la titular de Seguridad.
