Los diputados del Partido Republicano acudieron esta mañana al Tribunal Constitucional (TC) para presentar un requerimiento que busca destituir a la senadora del Partido Socialista Isabel Allende, debido a la fallida compra-venta de la casa del ex presidente Salvador Allende por parte del Estado.
El recurso presentado se centra exclusivamente en la senadora Allende. Sin embargo, en cuanto a la ministra Maya Fernández, los parlamentarios señalaron que se está evaluando la posibilidad de presentar una acusación constitucional en su contra. Cabe destacar que ambas, hija y nieta del ex mandatario respectivamente, figuran como propietarias del inmueble en cuestión.
El jefe de bancada republicana, el diputado Luis Sánchez, declaró que "la normativa constitucional no es idéntica para ambos casos, pero aquí lo que sí es claro es que existen, tanto respecto de la ministra Fernández como respecto de la senadora Allende, una violación a la Constitución. Tenemos la tranquilidad de que aquí están todos los antecedentes, todo lo que se requiere para demostrar".
Sánchez destacó que los antecedentes entregados al Tribunal Constitucional justifican que "lo que procede en el caso de la senadora es la cesación inmediata de su cargo".
Por ello, el diputado Sánchez instó a la senadora Allende a abstenerse de participar en actividades legislativas hasta que el Tribunal Constitucional emita su resolución, la cual podría tardar varias semanas.
Por último, sobre la posibilidad de presentar una acusación constitucional contra la ministra Fernández, el diputado espera que "quienes han manifestado críticas también la apoyen con su voto tanto en la Cámara como en el Senado, para aprobar la remoción de la ministra".
Republicanos reitera que "la senadora Allende trató de hacer negocios" con el Estado
El diputado republicano Cristián Araya señaló que su partido "está convencido" de que la senadora Allende "trató de hacer un negocio con el Estado" y que están todos los antecedentes que lo evidencian.
"Hacemos esta presentación porque estamos convencidos y la Constitución y las leyes nos dan la razón. La cesación en el cargo de la senadora Allende es un deber. Ha caído en una causal para poder ser apartada de sus funciones. Ella trató de hacer un negocio con el Estado, firmó un contrato y es responsable y el TC debe perseguir eso", dijo el parlamentario.
"Aquí creemos firmemente que, después de analizar en profundidad y jurídicamente todos los antecedentes, están todos los hechos para lograr la destitución. Esperamos que el TC falle en derecho y la senadora sea apartada de sus funciones", añadió Araya.
UDI también irá al TC
Posteriormente, la Unión Demócrata Independiente (UDI) confirmó que, al igual que Republicanos, acudirá al TC para destituir a Allende.
"Distintos expertos de derecha e izquierda, académicos de distintas universidades públicas y privadas, han dicho que lo que ocurrió entre la senadora Allende, la ministra Fernández y el Gbierno fue un contrato y la Constitución es clara: cuando un parlamentario contrata con el Gobierno debe perder el escaño", dijo el diputado Guillermo Ramírez, presidente del partido.
"Nosotros también vamos a ir al TC para que el TC determine que lo que aquí ocurrió es una transgresión a la Constitución y que, por lo tanto, la senadora Allende debe cesar en sus funciones", acotó el gremialista.
Añadió que "esta es una oportunidad para que el TC demuestre que en Chile sí hay justicia constitucional".
Gobierno: No le vemos utilidad al requerimiento
Desde el Ejecutivo, la ministra (s) vocera de Gobierno, Aisén Etcheverry, señaló que no le ven utilidad a la movida republicana porque no se han producido consecuencias patrimoniales para el Estado.
"Estamos llevando adelante este proceso que tiene que ver con la resiliación (de la firma para la adquisición del inmueble) en un esfuerzo de eliminar cualquier manto de duda respecto del proceso, pero sin desconocer que aquí no llegó a su término, no se cumplió con la formalidad y no hubo una transferencia de recursos ni de propiedad de ninguna naturaleza", dijo la autoridad.
"(Por lo tanto), como Gobierno la verdad no vemos la utilidad de la acción porque no se produjeron consecuencias patrimoniales de ninguna naturaleza", agregó Etcheverry.
El proceso de resiliación está siendo llevado a cabo por el nuevo ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, que informará en estos días las acciones que ha llevado a cabo con la familia Allende, según dijo el Gobierno.