Tras la entrega de la defensa, este jueves sesionó la comisión que revisa la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera, presentada por sectores de la oposición que cuestionan su rol durante el estado de excepción que rigió en octubre y las denuncias de violación a los DDHH en medio de la crisis social del país.
En un escrito de 155 páginas, representado por el abogado Juan Domingo Acosta, el Mandatario expuso todos los puntos por los cuales se considera que el libelo acusatorio no tiene fundamentos de peso.
El presidente de la instancia, diputado Daniel Verdessi (DC), comentó que se trató más bien de una defensa jurídica y adelantó que se estudiará muy a fondo.
"Nosotros tenemos que considerar que esta comisión evalúa todos los aspectos, no solamente los aspectos jurídicos, sino que los políticos y en ese sentido yo la voy a estudiar en profundidad", sostuvo.
"No he tomado una decisión personal, pero sí han quedado unos hechos fundamentales, como que hay una violación generalizada de derechos humanos", recalcó el parlamentario.
Mientras que el diputado comunista Boris Barrera, integrante de la comisión ad hoc, aseguró que si bien hay personas específicas con procesos judiciales, de todas maneras el Jefe de Estado es el responsable político.
"Por un lado hay responsabilidades penales y esas están en su curso, pero eso no es una condición para una acusación constitucional. La Constitución no dice que tiene que haber un juicio, responsables penales, para acusar constitucionalmente, porque aquí hay una responsabilidad política y lo que se está investigando, el responsable penal, o sea, la persona disparó, el que atropelló, el que violó, el que maltrató, pero hay una responsabilidad superior que es política y esa responsabilidad es del Presidente", indicó.
Críticas del oficialismo
El presidente de RN, Mario Desbordes, sostuvo que "hay que ser bien irresponsable para proponer que las responsabilidades políticas vayan aparejadas solo de denuncias que aún no están confirmadas en los tribunales".
"La responsabilidad política, por ejemplo, del ministro Chadwick de dejar su cargo y renunciar, tiene que ver con cosas que podrían no estar 100 por ciento acreditadas, pero cuando se quiere sancionar al ex ministro Chadwick o se quiere sancionar al Presidente de la República, inhabilitándolo y por lo tanto haciéndolo además perder el cargo, no puede estar sustentado en hechos que no están comprobados", dijo.
La comisión convocó para este viernes a dos nuevas sesiones, donde esperan escuchar al ministro de Defensa, Alberto Espina, y también a los jefes de las fuerzas de seguridad, que tuvieron un papel muy activo durante el estado de emergencia.
Además, se espera escuchar al director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco.
Recibida la contestación del Mandatario, empiezan a correr seis días para que la comisión ad hoc emita el informe con su pronunciamiento sobre la acusación, recomendación que no es vinculante, para luego pasar el debate y la votación a la Sala de la Cámara Baja, que se prevé para el 12 de diciembre.
